En medio de una fuerte presencia policial, la CEA de la región de Aysén, a unos 1,800 kilómetros al sur de Santiago, se reunió este lunes en la sede de esa entidad ambiental para votar el estudio de impacto ambiental (EIA) de Hidroaysén, impulsado por las empresas Endesa Chile, filial de Endesa España, y por la chilena Colbún.
El proyecto ideado en 2006, supone la construcción de cinco represas en el cauce de los ríos Pascua y Baker, en la Patagonia chilena, con una inversión de 3,200 millones de dólares, para generar en total una media anual de 18,430 gigavatios por hora.
En las afueras del recinto unas 300 personas, la mayoría miembros del grupos ecologistas, además de parlamentarios de oposición y vecinos de la zona protestaron con pancartas y gritos en contra del gobierno y también lanzaron piedras a algunos vehículos que resultaron con sus vidrios quebrados.
Tras la votación que concluyó con once votos a favor y una abstención, los efectivos de Carabineros, que detuvieron al menos a una persona, trataron infructuosamente de dispersar a los manifestantes, quienes atacaron a la policía con proyectiles y palos.
Horas antes de la votación, el ministro del Interior, Rodrigo Heinzpeter había afirmado sus deseos de que se aprobara la instalación de las represas en la Patagonia, porque "sería bueno para el país", declaraciones que fueron calificadas por la oposición "como una presión indebida".
"Sin duda uno tiene dudas, pero obviamente que a uno le gustaría que se apruebe, lo digo honestamente respetando la autonomía de los secretarios regionales ministeriales (Seremis)", añadió Heinzpeter.
En declaraciones a Radio Duna, el ministro del Interior, afirmó que si este proyecto "se hubiera aprobado hace una década solamente, nos permitiría estar menos contaminados y con una energía más barata".
En tanto, el jefe de la bancada de diputados democristianos, Aldo Cornejo, destacó que Heinzpeter es "jefe directo de varios de los funcionarios que debieron pronunciarse en esta crucial votación y no nos cabe duda alguna de cómo votaron sus subordinados".
Por su parte, el parlamentario socialista Alfonso de Urresti, habló de "una intervención grave del ministro, quien ha ejercido una clara presión indebida".
Tras la decisión de la CEA ahora se debe redactar una resolución de calificación ambiental y transmitirla tanto al titular del proyecto como a los organismos involucrados, que tienen un plazo de treinta días para reclamar ante un comité formado por los ministros de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería.
Si finalmente obtiene la aprobación, el consorcio tendría que realizar otros trámites administrativos, como obtener los derechos de agua.