También hizo un llamado para que los tratados actualmente existentes sean alineados con el deber de los Estados de cumplir con los acuerdos sobre los derechos humanos y con los objetivos en materia de salud y medio ambiente.
"Los inversionistas y las empresas transnacionales han inventado nuevas reglas para adaptarse a sus necesidades, reglas que inciden en el espacio regulatorio de los Estados y privan los derechos del público", afirmó Alfred Zayas, Experto Independiente de las Naciones Unidas para la Promoción del Orden Internacional Democrático y Equitativo.
"En el caso de conflicto, se debe dar la prioridad en promover el interés público en lugar de seguir con el enfoque actual en las expectativas de ganancias de los inversionistas y de las empresas transnacionales", agregó al presenta su último informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
"Es el momento de promover los derechos humanos en todos los acuerdos comerciales, en las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en las regulaciones para que los representantes comerciales y los negociadores sepan que el comercio es un régimen de actuar por uno mismo" dijo Zayas.
La sociedad civil, incluidas las asociaciones de consumidores, profesionales de la salud y grupos ambientalistas, deben formar parte del proceso de elaboración, negociación, adopción e implementación de los acuerdos comerciales, aseguró.
"Un orden mundial justo, pacífico, equitativo y democrático no debe ser socavado por las actividades de los inversionistas, especuladores y empresas transnacionales ansiosas por tener ganancias inmediatas a costa del progreso social y económico", indicó.
Por lo tanto, Zayas señaló que los gobiernos, parlamentos y cortes deben responder al concepto de responsabilidad de actuar y no comprometer su roles constitucionalmente definidos, por lo que necesitan proteger el interés público y los derechos humanos de la población.
En su reporte, Zayas pone una atención particular sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre la Unión Europea y Canadá, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) que han sido negociados en secreto, sin consultar a los actores claves y excluyendo la participación pública.
"Ninguno de estos tratados tiene legitimidad democrática", expuso el experto.
Enfatizó que ninguno de esto acuerdos deberían entrar en vigor sin un referendo público, y si entran en vigor, su legitimidad debería ser desafiada ante las cortes constitucionales de los países afectados y ante las cortes regionales de derechos humanos.