“Las escuelas de cientos de miles de niños en todo el mundo son atacadas o utilizadas por fuerzas combatientes como base para la guerra”, señaló Zama Coursen-Neff, directora de derechos del niño de Human Rights Watch. “La Declaración sobre Escuelas Seguras ofrece una manera concreta para que los países se comprometan a proteger la educación de los niños, incluso durante conflictos armados”.
Actualmente, 38 países se han sumado ya a la Declaración sobre Escuelas Seguras, que se dio a conocer en Oslo, Noruega, el 29 de mayo de 2015. Los signatarios se comprometen a adoptar y aplicar las nuevas Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados, que instan a las partes en conflictos armados a evitar usar edificios educativos o convertirlos en blanco de ataques. La declaración es el resultado de un proceso iniciado por la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques en 2012, y encabezado por los gobiernos de Noruega y Argentina desde 2014. Los países adhieren a la Declaración sobre Escuelas Seguras anunciando su intención públicamente y por escrito al Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega.
Fuerzas gubernamentales y grupos armados no estatales han usado escuelas y universidades con fines militares en al menos 26 países desde 2005, lo cual representa a la mayoría de los países del mundo donde se desarrollan conflictos armados. Las escuelas han sido usadas como bases, cuarteles, centros de detención, depósitos de armas y puestos de tiro. Esta práctica pone en riesgo a estudiantes y docentes, al convertir a sus escuelas en objetivos de ataques enemigos. Y los ataques han tenido como saldo alumnos y docentes muertos y heridos.
También se expone a estudiantes a la posibilidad de violencia sexual, trabajo forzado y reclutamiento involuntario por parte de soldados con quienes comparten su escuela. Los estudiantes se ven obligados a permanecer en el hogar e interrumpir su educación, o bien estudiar rodeados de combatientes armados y quedar eventualmente en la línea de fuego.
Un estudio anterior identificó un patrón sistemático de ataques contra la educación en 30 países de distintas regiones del mundo, acontecidos entre 2009 y 2013.
Desde 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU ha solicitado que se intensifique el seguimiento de ataques contra escuelas y docentes, así como del uso militar de estos establecimientos. En 2014, instó a todos los países miembros a “que consideren la posibilidad de adoptar medidas concretas para impedir el uso de las escuelas por fuerzas armadas y grupos armados no estatales en contravención del derecho internacional aplicable”.
El Informe Anual sobre los niños y los conflictos armados del Secretario General de la ONU, divulgado el 12 de junio, aporta evidencias adicionales sobre ataques generalizados contra escuelas y docentes, así como del uso militar de escuelas, y advierte sobre la necesidad urgente de proteger a la educación en contextos de conflicto. El informe presentado al Consejo de Seguridad enumera a distintas partes en conflictos armados que han cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario contra menores. Este año, nueve partes fueron incluidas en la “lista de la vergüenza” del Secretario General por habar atacado escuelas y hospitales.
Human Rights Watch pidió al Consejo de Seguridad que exhorte al Secretario General de la ONU a incluir en su lista anual a quienes participan en secuestros de menores.
“El uso militar de escuelas es un problema extendido, pero que puede ser solucionado”, aseveró Coursen-Neff. “Los países que actúen ahora para poner fin a esta práctica se posicionarán como líderes en medidas destinadas a garantizar la seguridad de las escuelas para los niños”.
