En los últimos cinco años han sido víctimas de esas prácticas estudiantes, activistas de izquierda o islamistas, sospechosos de terrorismo o quienes luchan por la autodeteminación del Sáhara Occidental, según se desprende del informe titulado "A la sombra de la impunidad".
Para elaborarlo, la organización investigó 173 supuestos casos ocurridos entre 2010 y 2014.
AI critica que ello contradice la imagen que la cúpula de Marruecos pretende transmitir, al presentarse como un país liberal que respeta los derechos humanos.
El informe denuncia que los detenidos son amenazados inmediatamente con torturas. Además, de las víctimas que interponen quejas por ello, deben responder después ante los tribunales por calumnia.
El gobierno niega las acusaciones, según Amnistía. (DPA)