El documento avalado establece que el proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente.
En el dictamen se destaca que la reforma busca priorizar el interés superior de la niñez, así como integrar los derechos establecidos en los tratados internacionales firmados por México; entre esos tratados, se encuentran la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la cual señala que la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. Esta misma establece que debe buscarse la reintegración del menor que delinque.
También se contempla la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José”, en la cual se indica que cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
Otro ordenamiento contemplado son las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la justicia de Menores “Reglas de Beijing, la cual plantea que siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión preventiva.
El dictamen avalado con 398 votos en pro, cero en contra y dos abstenciones, se turnó a los Congresos de los estados para su armonización.
