¿Cómo Recuperar la Confianza? Caída de los Precios de las Materias Primas y Crisis Políticas

Países de América Latina y el Caribe están atravesando una profunda crisis de confianza en sus gobiernos, lo cual abarca tanto a su capacidad de gestionar eficaz y eficientemente los recursos públicos, como a la integridad con la cual lo hacen. Los ciudadanos son cada vez más exigentes y demandan, con razón, mejores servicios y menos corrupción. La tolerancia a la ineficiencia e ineptitud de los gobiernos ha bajado considerablemente, de la mano de sociedades cada vez más conectadas e informadas.

Por un lado, es importante reconocer que los desafíos de gobernabilidad y control de la corrupción son particularmente agudos en países ricos en recursos naturales. Por otro lado, es clave destacar que nuestra región ha entrado en una fase de deceleración económica, en parte debido a la caída de los precios de las materias primas. Este escenario requiere que los gobiernos tomen acciones concretas para recuperar la confianza en sus instituciones. Se necesita hacer más con menos.

Este fue el contexto en el cual el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros varios actores, participó de la 7ma Conferencia Global de la Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en ingles) que tuvo lugar en Lima, Perú, entre los días 23 y 25 de Febrero de 2016.

El tema central del encuentro fue reflexionar sobre los desafíos y oportunidades para la promoción de la transparencia y el fortalecimiento de la gobernanza en las industrias extractivas, como ejes principales para recuperar la confianza de los ciudadanos en el sector. Sin embargo, las discusiones se vieron casi monopolizadas por el análisis del particular momento que vive la región (y el mundo) tras la marcada caída de los precios de las materias primas que comenzó a mediados del año 2014, y cómo esto representa un desafío crítico para el sector de las industrias extractivas.

Sobre la base de las discusiones mantenidas en este evento, nos gustaría reflexionar en torno a una doble pregunta: ¿Qué quiere decir recuperar la confianza en las instituciones y cómo esto impacta en las industrias extractivas? y ¿Qué se puede hacer al respecto?

Es crítico recuperar la confianza en las instituciones.

Recuperar la confianza en las instituciones es el desafío más importante de la gobernabilidad en el sector extractivo, en todos los niveles de gobierno. Y no solamente se trata de reconstruir la confianza entre los diferentes actores (gobiernos, empresas y sociedad civil) sino mantenerla en el tiempo. Cuando hablamos de confianza en las instituciones no solamente nos referimos a aquellas que administran los recursos generados por el sector extractivo, sino también en las empresas y a los organismos encargados de controlar y supervisar las actividades en el sector.

Recuperar la confianza en las instituciones no solamente es un tema prioritario, sino urgente para el sector extractivo. En un blogpost anterior, indicamos cinco motivos por los cuales vislumbramos un sostenido aumento en los próximos años de las iniciativas para mejorar la gobernanza en el sector extractivo. Y pusimos el foco en la respuesta que los países de la región están dando a los escándalos de corrupción; la reacción a la conflictividad social en torno a proyectos extractivos; la mayor conciencia sobre los grandes desafíos de gobernanza que existen en los niveles sub-nacionales de gobierno; el reconocimiento de que negocios limpios son buenos negocios; y el empuje coordinado a nivel internacional en favor de la transparencia.

A estas razones debemos sumar que la era de la abundancia parece haberse terminado. La fuerte caída de los precios de las materias primas acompaña una incertidumbre creciente en la economía mundial y una sensación de malestar en el sector extractivo. Para decirlo claramente, nos encontramos en una encrucijada: la falta de confianza en los gobiernos se combina con múltiples tensiones asociadas a los bajos precios de los productos básicos.

Los desafíos de la gobernanza del sector extractivo crean grietas en nuestras sociedades y dificultades tanto para el sector público como para el privado. Un estudio reciente realizado por la Universidad de Harvard subraya que proyectos extractivos valuados entre $ 3 y $ 5 mil millones de dólares han reportado pérdidas semanales de $ 20 millones y retrasos en la producción causados por los conflictos sociales. Un análisis de 190 proyectos operados por las principales compañías petroleras internacionales (proyectos de gran escala) muestra que el tiempo necesario para cumplir con los plazos de ejecución del proyecto se ha duplicado en comparación con décadas anteriores.

La clave para restaurar la confianza no pasa solamente por mejorar la transparencia fiscal, sino también por un esfuerzo integral y de largo plazo para comunicar de una manera más eficaz, eficiente y transparente a los ciudadanos cuáles son los beneficios y los impactos (tanto positivos como negativos) de las actividades extractivas.

Todavía existe una comprensión limitada sobre los impactos, tanto positivos como negativos, asociados a las industrias extractivas. El sector requiere mejores métricas para supervisar los efectos de las industrias extractivas que permitan aprovechar las oportunidades de desarrollo y mitigar los riesgos potenciales. No siempre contamos con información sólida sobre las actividades en el sector.

La mejora de la gestión de la información no sólo implica mejor rendición de cuentas. Las partes interesadas deben poder acceder a la información sobre aspectos técnicos  y operativos, lo cual incluye los planes de desarrollo e impactos proyectados para los recursos producidos por la industria (incluyendo petróleo, gas y minerales), así como en aquellos que son afectados por la inversión en el sector, como el agua, la tierra y la energía, entre otros.

Autores: Martin Walter actualmente, consultor de la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo y Juan Cruz Vieyra se incorporó al BID en 2006 y actualmente es especialista en la División de Capacidad Institucional del Estado.