La rotación obligatoria de las auditoras y la limitación de los servicios que la empresa presta al mismo cliente son dos de los principales elementos de las propuestas presentadas.
El objetivo de Bruselas es aumentar el dinamismo en el sector y mejorar la calidad de los servicios ya que, en su opinión, las auditoras ya no son percibidas en demasiadas ocasiones como una tercera parte independiente.
Para ello, Bruselas ha presentado una propuesta de Directiva que reemplazará la normativa vigente, de 2006.
Una de las medidas más controvertidas que la CE barajaba, la obligación a las entidades financieras de contar con dos firmas auditoras para revisar y verificar sus cuentas, no ha sido finalmente incluida en la propuesta.
Fuentes comunitarias precisaron, no obstante, que la idea "no se ha abandonado", sino que de momento ha quedado apartada, a falta de más datos sobre el impacto.
Sobre la rotación, las fuentes precisaron que tras los seis años deberá transcurrir un período transitorio de cuatro años antes de que una sociedad de auditoría pueda ser contratada de nuevo por el mismo cliente.
La rotación se ampliará, no obstante, a los 9 años en el caso de las empresas que cuenten con más de una auditora (las llamadas "auditorías conjuntas").
El objetivo es incentivar esa práctica, que según la CE ayudará a mejorar la calidad de los servicios prestados.
Por otra parte, las empresas no podrán prestar servicios no relacionados con la auditoría a los clientes que auditen.
Además, se les obligará a separar las actividades de auditoría de las que no lo sean para evitar cualquier riesgo de conflicto de intereses.
Otra de las novedades es que empresas como los bancos o las aseguradoras tendrán la obligación de abrir un procedimiento de licitación para seleccionar un nuevo auditor.
Asimismo, se prevé la introducción de un "pasaporte" que facilitaría la búsqueda de compañías auditoras y la competencia y permitiría a cualquier firma ofrecer sus servicios en la UE.
El objetivo es crear un "mercado único" de las auditorías legales.
La nueva normativa pretende resolver los problemas del actual sistema, causado en parte por el "oligopolio" formado por las llamadas "cuatro grandes": Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG.
