En la población mexicana, posiblemente por el conocimiento de estos sucesos, existe una gran desconfianza en los funcionarios de gobierno. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda de Parametría, 90 por ciento de los entrevistados considera que en los distintos niveles de gobierno se usan ilegalmente las relaciones con funcionarios para obtener algún favor o recibir un trato especial. El 38 por ciento de las personas afirma que el uso de influencias ocurre en los tres niveles de gobierno; el 20 por ciento supone que es frecuente en el gobierno federal; el 19 por ciento asevera que donde más se saca provecho de las relaciones con funcionarios es en los gobiernos municipales; y el 13 por ciento piensa que esto ocurre constantemente en el gobierno estatal; y sólo el 1 por ciento cree que esto no sucede en ninguna instancia de gobierno.
El sacar provecho de las cercanías o de las relaciones con amigos, familiares, o conocidos no se limita a ciertos sectores de la vida pública. Los entrevistados en la encuesta perciben que el uso de las relaciones para sacar ventaja u obtener algún beneficio ocurre tanto en el sector público como en el privado, pero no con la misma frecuencia.
En la percepción de la opinión pública, las relaciones cercanas con funcionarios del gobierno son las que se utilizan con mayor frecuencia: 30 por ciento de la población aprecia que “siempre” se dan este tipo de relaciones con servidores públicos, 18 por ciento cree que “casi siempre” sucede esto, 14 por ciento opina que “rara vez”. En contraparte, son pocos los entrevistados que observan tráfico de influencias en el sector privado: 41 por ciento piensa que “nunca” se utilizan las relaciones con familiares, amigos o conocidos que trabajen en una empresa privada, 18 por ciento opina que esto sucede “rara vez”; y 16 por ciento advierte que “siempre” y “casi siempre” hay uso de influencias en empresas o instituciones privadas.
El tráfico de influencias es una práctica ilegal que se castiga con “(…) dos años a seis años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Sin embargo, organizaciones como Transparencia Mexicana, afirman que pese a que el uso de tráfico de influencias está penado en el país, los procesos son lentos y en algunos casos no llegan a concretarse; y que muchas de estas prácticas no se denuncian porque dichas actividades se dan sutilmente, lo que dificulta la identificación de actos ilícitos.
No obstante, más allá de la duración de la investigación o averiguación en las denuncias de tráfico de influencia, la mayoría de la población (63 por ciento) está dispuesta a denunciar prácticas en el que se aprovechen las relaciones con algún funcionario de gobierno; 28 por ciento mencionó que no denunciaría; y sólo 9 por ciento no externo opinión alguna por desconocimiento -tal vez- del tema o de lo que implica el tráfico de influencias.
De aquellos que contestaron que no denunciarían, la mitad (48 por ciento) admitió que no lo haría por temor a represalias, 29 por ciento porque no le interesa, 17 por ciento considera que denunciar es una pérdida de tiempo, y 5 por ciento cree que no pasaría nada. Es factible que las razones de Transparencia Mexicana sean válidas, la dificultad para identificar prácticas sutiles, la duración de los litigios y, el temor que existe al denunciar a alguien con influencias o con “poder” aminoran las posibilidades de castigo y fomentan aún más prácticas corruptivas como el abuso del poder y el tráfico de influencias.
Las cifras muestran que la mayoría de la población asume que el aprovecharse de la amistad o el parentesco con trabajadores del sector público y privado son actos ilegales. Al preguntarles si alguna vez habían recurrido a algún amigo, conocido o familiar para obtener algún favor o trato especial, la mayoría de los mexicanos (nueve de diez) contestó que no, sólo el 10por ciento admitió sacar provecho de estas relaciones. El porcentaje de incidencias corruptivas aumenta al doble cuando se le pregunta a la gente si conoce a alguien que haya hecho uso de sus amistades o familiares para beneficiarse.
Los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales han publicitado, denunciado y sancionado socialmente estos actos de corrupción logrando en un corto algún tipo de sanción para estas prácticas. Sin embargo, aún queda por hacer, es menester concientizar a los ciudadanos sobre algunas acciones ilegales y/o moralmente objetables que son aceptadas y fomentadas por los mismos. Si bien, persisten las facilidades para realizar estas actividades el reconocer otras formas de dañar la vida pública y privada ayudaría a combatir la corrupción.
