Lo anterior, advirtieron, si las autoridades deciden que los operadores realicen la siguiente etapa del proceso, que es la verificación de la identidad de las personas.
Cabe recordar que hace unos días, Héctor Osuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) indicaba que la implementación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) había representado una baja inversión para el gobierno, debido a que se aprovechó la infraestructura instalada y la terminal de los usuarios.
Sin embargo, en la siguiente etapa que la ley contempla que se tomen las huellas digitales de las personas, no se tiene claro de dónde saldrá el recurso.
En este contexto, Sergio Legorreta, socio de la consultora Baker & McKenzie, dijo que el gran pendiente será de dónde se obtendrán los recursos para el equipamiento de los espacios, para que físicamente se le tomen los datos a las personas.
“Requieren de un equipo biométrico para tomar las huellas, equipo de captura, aplicaciones y la red para la trasmisión de la información”, puntualizó Legorreta.
Dijo que por ejemplo, en el mercado comercial el precio de un equipo digitalizador de huellas va de 5 mil a 12 mil pesos.
Por su parte, Manuel Mercado, analista de Frost & Sullivan, apuntó que “hasta ahora, los costos absorbidos por las empresas han sido pocos, comparados con el riesgo de perder líneas que le están generando tráfico.
“La primera parte del trámite fue lo más sencillo, la siguiente será más complicada por el traslado y tiempo de las personas y las inversiones adicionales”, agregó.
Bajo este escenario, los representantes de las telefónicas consideraron que, si se incrementan sus requerimientos, el gasto podría transferirse a los consumidores.