Durante la instalación del Grupo de Trabajo en San Lázaro, chocaron las posturas de legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD) sobre el método y proceso de liquidación de LFC.
Las posturas irreconciliables entre diputados del PAN y el bloque PRD-PT perfiló la posibilidad de que se elaboren dos dictámenes sobre el mismo tema.
La propuesta de Acción Nacional (PAN) que respalda la desaparición de LFC y se opone a la controversia constitucional.
La otra del bloque PRD-PT a favor de promover el recurso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y defender los derechos de trabajadores sindicalizados.
Según el acuerdo legislativo que dio vigencia al Grupo de Trabajo, corresponderá a los 500 diputados decidir la procedencia o no del recurso legal.
El presidente del Grupo de Trabajo y diputado federal del PRI Alfonso Navarrete Prida dijo que la labor que realizan los legisladores son ajenas a las acciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
"Para dejar a salvo los derechos de los afectados para que interpongan el juicio de garantías", explicó.
Exhortó a los 20 diputados que conforman esa instancia a centrar la discusión al margen de las posiciones políticas, sociales, personales y de convicciones ideológicas.
Ya que el Grupo, añadió, tiene 12 días para presentar al pleno conclusiones y el dictamen sobre la viabilidad o no de la controversia.
Navarrete Prida aseguró que ese grupo de legisladores solicitó al Ejecutivo federal información detallada sobre la liquidación de LFC.
"La cual había considerado como reservada o confidencial, de no acceso al público. A nosotros se nos enviará, tengo referencia de que va a ocurrir y de inmediato distribuirla al resto del grupo de trabajo", afirmó.
Rechazó la posibilidad de recibir a integrantes del SME como tramitaron diputados federales del PRD y PT.
Ya que ello, consideró, no resolvería el problema jurídico y sólo serviría como caja de resonancia de este conflicto.
El legislador del PRI, dijo, en caso de no llegar a un consenso al interior del grupo de trabajo, se presentaría al pleno de San Lázaro las dos posiciones a favor y en contra de la controversia. "Y que ahí se vote el tema", afirmó.
El diputado del PAN Carlos Alberto Pérez Cuevas pidió delimitar el campo de acción del Grupo de Trabajo para evitar cualquier uso con tintes políticos.
Adelantó que para Acción Nacional (PAN) es inviable tanto la acción de inconstitucionalidad como la controversia constitucional.
Jaime Cárdenas, del Partido del Trabajo planteó que además de la información jurídica el Ejecutivo Federal debería presentar los impactos y estudios económicos sobre la liquidación de Luz y Fuerza.
También propuso abrir un espacio para una reunión con líderes del SME.
El diputado del PRD Francisco Hernández Juárez entregó al presidente del Grupo de Trabajo una controversia constitucional elaborada por abogados del SME que podría servir de base en caso de que la Cámara de Diputados decida utilizar esa vía legal.
Roberto Gil Zuarth legislador del PAN recordó que existe un informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que recomendó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
Además, descartó la posibilidad de llamar a comparecer ante esa instancia legislativa al titular del Trabajo, Javier Lozano.