Se pronuncia Angélica de la Peña por frenar la violencia en contra de periodistas

La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, aseguró que existe una preocupación genuina del Senado de la República para dictaminar diversas reformas para frenar los actos violentos en contra de periodistas y medios de comunicación.

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La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos detalló que se trata de modificaciones al Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales y a las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de la República, producto de años de trabajo de periodistas, activistas y abogados, y que ahora retoman los senadores.

Durante la Audiencia Pública en materia de Protección a Periodistas, Personas e Instalaciones contra actos que afecten, limiten o menoscaben el Derecho a la Información o a las Libertades de Expresión o Imprenta, la legisladora destacó la labor realizada por los especialistas Mariclare Acosta, Lucía Lagunes, Ricardo Sepúlveda, Darío Ramírez, Santiago Corcuera y Alán García, quienes han venido trabajando desde hace tiempo para garantizar el Estado de Derecho de los periodistas.

Por su parte, el senador Benjamín Robles Montoya expresó su preocupación por los casos de censura y represión de información en las redes sociales y como poder sancionarlo, así como la invisibilidad la violencia de género que provoca la doble vulnerabilidad de las mujeres periodistas.

El senador por Oaxaca señaló que para conceder un Estado democrático se tiene que garantizar sus primicias principales como la libertad e igualdad.

Durante la comparecencia, los expertos coincidieron en el incremento de la violencia en contra de periodistas en México, país considerado como el más peligroso para ejercer dicha profesión, y se pronunciaron por disminuir la violencia e impunidad.

Asimismo, expresaron la necesidad de que la Procuraduría General de la República tenga la atribución de atracción de casos; es decir, una agravante genérica para los delitos federales al modificar el Código Penal Federal, federalizando una competencia no un delito.