"Fascista" escribió Musk la noche del jueves en su cuenta en X, al compartir la noticia sobre este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo de Camberra para combatir el grave daño que causa la distribución de información errónea y la desinformación en la seguridad, salud y bienestar de los australianos, así como a la democracia, la sociedad y la economía del país oceánico.
Para el asistente del Ministerio del Tesoro de Australia, Stephen Jones, los comentarios de Musk son una "chifladura", según dijo este viernes a la cadena pública australiana ABC al recalcar que la propuesta de ley responde al ejercicio de la "soberanía" de su país, como de cualquier otro, para mantener a sus ciudadanos "a salvo de los estafadores, a salvo de los delincuentes".
"No entiendo cómo Elon Musk o cualquier otra persona, en nombre de la libertad de expresión, piensa que está bien tener plataformas de redes sociales que publiquen contenidos sobre estafas (...) noticias ultrafalsas, pornografía infantil o transmitir en directo escenas de asesinatos", comentó.
"¿Esto es lo que él cree que es la libertad de expresión?", acotó Jones al aludir a la reacción de Musk cuando la comisionada de Seguridad Electrónica en Australia, Inman Grant, ordenó en abril pasado a las redes sociales remover los videos relacionados a un apuñalamiento de un obispo en una iglesia asiria en Sídney, que las autoridades calificaron de terrorista.
X, que consideró que la orden suponía un atentado contra la libertad de expresión, solo geobloqueó las imágenes en Australia, lo que motivó a la comisionada a acudir a los tribunales para que se retire el material a nivel mundial, aunque retiró dos meses después la demanda bajo el argumento de querer centrarse en otros juicios pendientes.
La crítica de anoche de Musk se refiere al proyecto de Enmienda de la Legislación de Comunicaciones (Lucha contra la Información Errónea y la Desinformación) de 2024, que fue presentado el jueves ante el Parlamento de Camberra.
Con la ley, el Ejecutivo de Camberra prevé dar más poderes para fiscalizar y regular a la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Comunicación (ACMA, siglas en inglés), que podrá imponer un código de conducta, aunque no podrá retirar contenidos individuales, entre otras medidas.
Esta propuesta se enmarca en una serie de iniciativas que han sido anunciadas o presentadas ante el Parlamento contra el 'doxing' (revelar información de una persona en línea sin su consentimiento), el fraude en línea, y la imposición de límites de edad para acceder a las redes sociales.
