Al presentar una iniciativa para reformar la Ley de Coordinación Fiscal, explicó que con esta medida se podrán equilibrar las finanzas públicas de las entidades federativas y se fortalecerá su autonomía fiscal, además de promover su desarrollo.
En este sentido, sugirió incrementar de 20 a 30 por ciento los recursos que recibirán los municipios y las delegaciones del Distrito Federal por la recaudación correspondiente al Fondo de Fiscalización; aumentar de 20 a 30 por ciento los recursos destinados a los municipios provenientes de la recaudación de impuestos sobre automóviles nuevos que realicen los estados.
De igual manera, consideró conveniente incrementar de 20 a 30 el porcentaje de participación de los estados en la recaudación que se obtenga del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a productos como la cerveza, bebidas refrescantes y alcohólicas fermentadas.
Asimismo, propuso destinar a los municipios 30 por ciento de dicha recaudación cuando se trate de tabacos labrados.
Arriola Gordillo expresó que los estados no han logrado transformar sus instituciones políticas y jurídicas, ni diseñado reformas administrativas que impulsen su autonomía, lo que las hace dependientes de la autorización de recursos federales para enfrentar las necesidades de sus municipios y localidades.
Refirió que las transferencias de recursos hacia estados y municipios “han aumentado y propiciado una dependencia financiera, pues existen entidades cuyo presupuesto anual proviene 95 por ciento de la Federación y sólo el 5 por ciento de impuestos propios”.
Aunado a ello, destacó, los 2 mil 440 municipios en nuestro país se encuentran imposibilitados para atender la demanda social de bienes y servicios públicos que garanticen un óptimo desarrollo.
Por ello, consideró necesario aumentar las participaciones y las aportaciones federales que se destinan a esos órdenes de gobierno, a fin de avanzar en la construcción de un nuevo diseño constitucional y repartir con claridad las diferentes fuentes de ingresos.
Enfatizó que estados y municipios deben asumir los costos y beneficios políticos en el cobro de impuestos, con el objetivo de establecer un adecuado equilibrio entre eficiencia recaudatoria y justicia retributiva.