Al registrarse oficialmente como deuda soberana, los pasivos laborales de Pemex y de la CFE colapsarían las finanzas públicas y podrían generar una crisis presupuestal en el corto plazo; además, agudizarían la fragilidad económica que vive el país desde hace tiempo y su relación con los mercados de capital.
Con el reconocimiento de los pasivos laborales, la deuda pública y el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es la auténtica deuda pública federal, aumentarían en alrededor de un billón 800 mil millones de pesos; de los cuales un billón 300 mil millones corresponderían a Pemex, según cálculos difundidos en el Congreso de la Unión.
El incremento de la deuda pública sería prácticamente el monto nominal de la deuda oficial acumulada históricamente por México desde su independencia hasta 2006, es decir, 196 años.
Como ha ocurrido con el rescate bancario, del que después de 16 años no se ha pagado un solo peso de capital, el rescate carretero y los proyectos de inversión de registro contable diferido de Pemex y CFE han abultado los requerimientos financieros del gobierno federal, que se ha visto obligado a contraer la inversión pública física y social por más de tres lustros. De ser así, los pasivos laborales de estas entidades sumirían al país por 20 años más en la pobreza.
México y las finanzas públicas ya no pueden soportar más deuda pública, que ha crecido anualmente a mayor velocidad que el Producto Interno Bruto (PIB), es decir, más que el valor total de todos los bienes y servicios producidos por el país.
De 2006 a 2013 la deuda pública aumentó nominal y oficialmente más de 300%, al alcanzar cinco billones 900 mil millones de pesos. Tan sólo de diciembre de 2012 a mayo de 2014 la deuda del sector público federal aumentó 700 mil millones de pesos, cifra superior a lo que creció la producción nacional y prácticamente equivalente a la deuda actual del FOBAPROA-IPAB.
Reconocer y registrar los pasivos laborales de Pemex y la CFE como deuda pública, evidencia claramente la crisis financiera pública que la reforma y la privatización energética generarán y el daño económico que infringirán a la economía nacional en beneficio del interés privado sobre el interés general de la nación.