La Métrica de Justicia Abierta (MJA) es la primera medida oficial que evalúa el grado de apertura de las instituciones dentro del sistema de justicia mexicano, acusado de promover la opacidad e impunidad.
La MJA analiza a los tribunales (superiores, los Consejos de la Judicatura, electorales, de justicia administrativa y laborales), las fiscalías, los centros de derechos humanos y las instancias penitenciarias.
Esta métrica es una colaboración conjunta entre el World Justice Project (WJP), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el IIRCCC.
En su primera edición, presentada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) de México, la calificación promedio general de las instituciones fue de 0,42, con el 1 como la nota de un organismo totalmente abierto.
“Este es el primer ejercicio de su tipo en el mundo, evalúa los niveles de apertura para todo el universo de instituciones de justicia federales y locales en México”, explicó el director de Proyectos de Estado de Derecho y de la Oficina de WJP en México, Alejandro González.
Aseguró que este modelo debe inspirar ejercicios similares en otros países con sistemas de justicia herméticos, insulares y alejados de las necesidades de las personas.
Respecto a las métricas más importantes que recogieron las organizaciones en esta primera edición, destaca que las instituciones del sistema de justicia tienen diferentes niveles de apertura.
El Poder Judicial de Coahuila, estado del norte del país, fue el más alto con 0.87, mientras que los tribunales laborales y las instancias del sistema penal son las más bajas, con 0.21 y 0.10, respectivamente.
Morales agregó que el sistema de justicia en México está en crisis porque la justicia no es accesible y, por el contrario, se permite que haya impunidad.
JUSTICIA ABIERTA
La justicia abierta es un modelo de justicia en el que los servicios responden directa y efectivamente a las necesidades ciudadanas.
A su vez, las instituciones generan espacios de interlocución con la ciudadanía para informar, escuchar y retroalimentar sus decisiones.
“La ciudadanía tiene el derecho de estar informada y de involucrarse de forma activa en la formulación, implementación y control democrático de las políticas públicas, servicios y decisiones que les afectan en materia de justicia”, destacó la comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra.
Esta métrica mide el nivel de transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas, desde la perspectiva institucional y ciudadana.