Al menos 410 mujeres estaban en prisión preventiva del fuero federal en 2019, en su mayoría por delitos "contra la salud", que engloban tráfico, comercio y uso de narcóticos, explicó José Luis Gutiérrez, director de AsiLegal, con base en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales.
“Vemos claramente una serie de patrones que tiene que ver con condiciones arbitrarias, tortura y uso y abuso de la prisión preventiva. Esta situación hizo que, desde AsiLegal, pensáramos en realizar una campaña para visibilizarlas, para tener fondos para poder acompañar estos casos”, comentó en entrevista con Efe.
El activista mencionó que asistirán a 21 de estas mujeres, en el norteño estado de Baja California, con ayuda de la plataforma HIPGive, en la que realizarán una campaña de recaudación de recursos, conocida como "crowdfunding", en el movimiento digital #GoMujeres.
Advirtió que hay un subregistro de las mujeres que están en prisión por la guerra contra el narco.
De hecho, las organizaciones EQUIS Justicia y The Washington Office on Latin America (WOLA) estimaron el año pasado que esta guerra, que se inició hace una década, habría llevado a la cárcel a 3.018 mexicanas.
En los casos que ha detectado, AsiLegal denunció que están detenidas de manera ilegal porque la ley establece un máximo de 2 años en esta situación sin un juicio.
“Desde el momento que las detienen, muchas de ellas refieren haber sido detenidas sin órdenes de aprehensión, haber sido torturadas, física y sexualmente en algunos casos, y la gran mayoría arraigadas y después involucradas en una banda delictiva que ellas no conocían”, manifestó Gutiérrez.
Por otro lado, las autoridades han detenido a mujeres en estados del sur y sureste del país, como Puebla, Guerrero, Tlaxcala y Quintana Roo, para después procesarlas en Ciudad de México y llevarlas a otros estados, como Baja California, según el defensor de derechos humanos.
Además, el país solo tiene 16 centros penitenciarios femeninos y cerca de 100 mixtos, donde las mujeres son propensas a sufrir de tortura, trata, prostitución y servidumbre, añadió.
"Es importante reconocer que a estas mujeres hay que visibilizarlas y han estado abandonadas por muchísimos años, y que no basta con hacer una acción el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), sino tener en conciencia que toda la vida, todo el año, todo el tiempo, hay violencia", argumentó.
Por otro lado, el también abogado lamentó que el nuevo Gobierno no ha priorizado el trabajo de las asociaciones civiles.
Afirmó que hay menor apoyo de entes públicos como el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
“Las organizaciones de la sociedad civil se están quedando sin recursos. Los financiadores están dejando prácticamente estas temáticas porque también se dieron cuenta de que el haberle apostado mucho al sistema de justicia, económicamente, apoyando al Estado, pues no sirvió de nada”, mencionó.
Aunque el activista consideró que estas mujeres podrían beneficiarse de la Ley de Amnistía que se discute en el Congreso, aseveró que es necesario actuar cuanto antes, pues esa legislación está "atorada".