En el país, las cuotas escolares son un gasto que no se contabiliza en la inversión educativa —que los mexicanos hacen—, por estar bajo el concepto de voluntarias y por ser un tanto ilegales ya que por norma constitucional la educación pública obligatoria debe ser gratuita (Art. 3 constitucional).
No obstante, para la mayoría de la población las cuotas escolares voluntarias son todo lo contrario. En la más reciente encuesta nacional en vivienda de Parametría, cuatro de cada cinco mexicanos (76 por ciento) creen que las cuotas escolares que solicitan las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria son obligatorias, solo 20 por ciento sabe que las mismas son voluntarias.
Podría pensarse que los pagos a las escuelas que realizan muchos padres en cada ciclo escolar son características de las escuelas privadas, sin embargo, casi la totalidad de los mexicanos (93 por ciento) asegura que también en las escuelas públicas (de nivel preescolar, primaria y secundaria) piden cuotas.
Pese a las declaraciones de diversos servidores públicos (como el Secretario de Educación, Emilio Chuayffet, y varios gobernadores), que prohibieron, descartaron y condenaron el cobro de cuotas obligatorias en este recién iniciado ciclo escolar, la recaudación se llevó a cabo, en algunos centros educativos públicos como condicionante para la inscripción y en otros como uno de los requisitos para continuar con el servicio educativo.
De acuerdo con la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) 2012, las familias mexicanas realizan un mayor gasto en artículos y servicios de la educación. En los últimos 10 años, el rubro se elevó 5.8 por ciento en promedio por cada hogar. Es decir, el actual gasto mensual promedio en educación es de 1,781 pesos (cerca de un mes de salario mínimo), mientras que en 2002 la cifra era de 1,684 pesos (expresados a precios de junio de 2013).
Es posible, que el aumento en el costo de la educación forme parte de la percepción que los mexicanos tienen hacia las cuotas escolares o aportaciones voluntarias. En 2012, la Federación Nacional de Padres de Familia (FNAP) calculó que en cada ciclo escolar en las escuelas del país ingresan 7,000 millones de pesos por el cobro de cuotas; y declaró que presentaría una propuesta para eliminar las cuotas, ya que el manejo de este concepto sigue siendo discrecional y abusivo.
En el ejercicio de Parametría, se evidencia el desacuerdo no sólo de los padres de familia sino de la población en general. Tres de cada cuatro entrevistados (77 por ciento) se oponen al cobro de cuotas en las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria. Sólo el 16 por ciento manifestó estar de acuerdo con estas contribuciones, cuyo fin es el mantenimiento, remozamiento de las instalaciones, compra de equipo y productos pedagógicos para los centros educativos.
Asimismo, la mitad de los encuestados (51 por ciento) identifican a las escuelas como las principales instancias que solicitan cuotas o contribuciones voluntarias de los padres de familia; 15 por ciento relaciona las cuotas escolares con el Sindicato de Maestros; otro 12 por ciento (respectivamente) responsabilizan a la Secretaria de Educación Pública (SEP) y a los padres de familia de la aplicación de este concepto; y el 10 por ciento no sabe quién solicita esta contribución.
Desde hace décadas, el cobro de cuotas escolares voluntarias está presente en cada inicio de ciclo escolar, y la mayoría de los mexicanos (92 por ciento) que tienen o tuvieron hijos en edad de cursar la educación básica han pagado —en algún momento—las cuotas que las escuelas les han indicado.
El servicio de educación pública en el país es percibido como costoso y deficiente, en el que predominan costumbres como el cobro de cuotas discrecionales pese a las acciones del gobierno federal por reafirmar y mantener intacta la gratuidad de la educación pública con la recientemente aprobada Ley General de Educación. Si bien, la mayoría de la población se opone al cobro de cuotas, la mayoría también las paga en espera de que la educación que reciban sus hijos sea equivalente a la inversión que realizan en las instituciones educativas.