Fuentes del Alto Tribunal dijeron a Efe que la magistrada de la SCJN Olga Sánchez Cordero, quien analiza dos "controversias constitucionales" interpuestas por la Cámara de los Diputados y por el Senado, optó por "declarar la suspensión del decreto" sin que ello prejuzgue el fondo del asunto, su constitucionalidad.
"Eso significa que mientras esté la controversia, no puede seguir funcionando el decreto emitido hace unos días", agregaron las mismas fuentes del Tribunal.
En México cuando hay controversias constitucionales el magistrado que las asume está capacitado para decidir la posible suspensión cautelar de la norma que se va a revisar, lo que ha ocurrido en este caso.
Según las fuentes, el argumento utilizado por la ministra de la Corte es que "mientras la controversia esté en estudio, no tiene por que estar vigente el decreto".
A partir de la decisión, anunciada ayer, las dos cámaras del Legislativo y el Ejecutivo tienen diez días para presentar alegaciones y pruebas contra la suspensión.
El pasado 3 de septiembre el presidente Felipe Calderón emitió un decreto anunciado el día anterior mediante el cual el mandatario establecía el adelanto del apagón de las señales analógicas de televisión abierta a 2015, pues originalmente estaba planeado para 2021.
Aquel decreto presidencial disponía que no habría modificaciones a los títulos de concesión de los operadores actuales e indicaba que habría empresas que podrían prestar nuevos servicios digitales a partir de la liberación de la banda de 700 megahercios.
Los legisladores promotores de las controversias constitucionales consideran que el anuncio de Calderón era ilegal porque invadía una atribución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), el organismo facultado para emitir las normas correspondientes al ámbito de la radiodifusión y las comunicaciones.
El adelanto anunciado por Calderón implicaba que las empresas tendrían que hacer frente a inversiones cuantiosas para adaptarse antes de lo previsto al proceso de digitalización.
Los críticos del decreto consideran que genera incertidumbre jurídica y técnica entre las empresas del sector de telecomunicaciones.
Fuentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aún no se han pronunciado sobre la decisión, pero podrían hacerlo en las próximas horas.