En este sentido, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto aseguró que era necesario volver la mirada al sistema de justicia penal que por décadas habia vivido el país y que verdaderamente había sido de impunidad, por lo que afirmó que desde el año 2006 en el Estado de México se inició el proceso de oralidad para revolucionar el sistema judicial que ya estaba rebasado y consideró que la reforma establece un nuevo derrotero y una nueva oportunidad para realmente establecer un sistema de justicia más eficaz, que combata de fondo la impunidad y que acerque al ciudadano a las instituciones que dictan justicia.
“En el Estado de México, estamos firmemente comprometidos a que esta reforma se instrumente en el menor tiempo posible, de esta forma, pido un voto de confianza a este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, porque acerca a la ciudadanía a las instituciones encargadas de dictar justicia y brinda un mecanismo que genera condiciones de mayor seguridad pública y de coordinación de esfuerzos institucionales”.
Marcelo Ebrard Casaubon, jefe del Distrito Federal, refrendó su exigencia a los titulares de órganos del Ejecutivo federal de coordinar en conjunto a los gobiernos estatales, una verdadera lucha contra el crimen, ya que la reforma constitucional la aprobaron todas las fuerzas políticas y no una sola. "No deben actuar ignorando a los gobiernos que no son de su mismo signo político, como sucedió recientemente con el de Michoacán, mientras por otro lado sí toman en cuenta a los que son de su tendencia partidista aún cuando sus resultados sean desconocidos".
Ebrar apuntó tajantemente: "Si existiera alguna duda fundada sobre quienes estamos en la mesa -es decir, los gobernadores-, que se aclare, y si no la hay, entonces que no se esté promoviendo la desconfianza porque somos parte fundamental de ese acoso”. De esta forma reconoció los logros de los mandatarios presentes en la misma mesa de trabajo y propuso a todos los órganos del Estado así como al Legislativo federal, homologar normas y presupuestar recursos suficientes para concretar con mayor efectividad la reforma constitucional.
Marco Adame Castillo, gobernador del estado de Morelos destacó por su parte que los avances a la Reforma del Sistema de Justicia Penal en México no tienen que sujetarse a limitantes presupuestales, sino que es necesario asumirlos como un tema de Estado, ya que mientras se lleva a cabo este debate la delincuencia avanza y la impunidad sigue creciendo. “Yo me pronuncio por no detener más el arranque de la Reforma Penal en el país, ya que no debe depender de discusiones sobre que no se pone en marcha porque no tengo recursos, porque la delincuencia avanza y la impunidad crece, y en ese sentido, insisto en luchar juntos por un mejor presupuesto para el 2009”.
Jose Natividad González Parás subrayó que una acción muy importante, de las primeras en su administración en el estado de Nuevo León, fue la de constituir un grupo de la sociedad y del gobierno para hacer una amplia consulta pública, y unos meses después, antes de que terminara un año de haber iniciado la gestión, se dieron las reformas constitucionales y legales de la primera generación de cambios para transformar el sistema nuevoleonés.
"Planteamos la incorporación de la oralidad como un elemento importante para transformar el sistema de impartición de justicia, sobre todo por la inmediatez y la trasparencia, con la velocidad de incorporar la mediación de métodos alternos para resolver la carga grande de demandas de impartición de justicia o ir más allá del ámbito penal, incorporar estos ámbitos como es el relativo al capítulo civil, al familiar e incluso al de administración de justicia de lo contencioso administrativo. Siento que el camino es largo y todavía falta avanzar en la parte de procuración e impartición de justicia. Hay que actuar rápido, hay que actuar de manera decidida porque sigue siendo para este país el tema de la seguridad, de la procuración e impartición de justicia, una deformación que tenemos que resolver sociedad y gobierno”.
Emilio González Marquez se pronunció ante el problema de los secuestros en el estado de Jalisco: "La realidad ante el problema de los secuestros es la que nos hizo actuar para que surgiera una reforma a nivel federal y en Jalisco se creo el grupo para prenir y resolver los casos de secuestro. Tan solo en 2008 de 112 secuestro se disminuyo a 12 de los cuales 11 se liberó a la victima sin daños físicos y de los 12 grupos de secuestradores, a todos los metimos a la cárcel. Para Jalisco este es el mensaje màs importante, combatir el secuestro, aplicando la ley, combatiéndolos en la calle y eliminando la impunidad". Recalcó que es importante adecuar la ley, pero que es màs importante ejecutar la ley para mejorar en seguridad y en justicia".
José Reyes Baeza dejó en claro que en Chihuahua se está quedando atrás el sistema de seguridad obsoleto que se vivió en el estado. "Con una serie de vicios, excesos y abusos y que damos la bienvenida a un sistema de seguridad que de una luz de esperanza a la población y trantando de recuperar la confianza de los chihuahuenses, decidimos por ello implementar un nuevo sistema de justicia con características específicas como la publicidad, la oralidad, la concentración, la presunción de inocencia y estamos realizando una serie de esfuerzos para vencer el escepticismo de la sociedad a partir de la implementación de la nueva reforma"
El objetivo de reunir a los gobernadores de estas entidades en este importante foro realizado en el Hotel Niko de la capital mexicana, cumplió en todo momento el propósito de la mesa de trabajo a la que fueron convocados y la cual se desarrollo bajo el título de ¿Qué hemos aprendido? Lecciones y retos de la Reforma, moderada por el periodista Jorge Fernández Menéndez y bajo las premisas de Enrique Ochoa Reza, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), con la intención de conocer directamente de los mandatarios estatales que ya han implementado cambios a sus sistemas penales, sus razones para emprenderlos, experiencias tanto en la implementación como en los resultados de la nueva justicia penal y que lecciones puedieran transmitir a aquellos estados que aún no lo han hecho.