Desde la óptica jurídica, las marchas, manifestaciones, plantones y bloqueos de la vía pública, expresan el antagonismo entre algunos derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho que tienen los ciudadanos a la manifestación y expresión, mismo que se encuentra establecido en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho al libre tránsito expresado en el artículo 11 de la Carta Magna.
El debate en el tema, aborda también el papel que el estado debe tomar ante estas manifestaciones, si nos remitimos a lo difundido en el llamado “círculo rojo” encontraremos una gama de opiniones que van desde las que consideran fundamental el respeto y la garantía del derecho a la libre manifestación, hasta aquellos que considera que el estado no está asumiendo su papel en términos weberianos como administrador de la violencia legítima. El caso más reciente donde se observan estás posturas, es lo acontecido en Guerrero con las marchas realizadas por los maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El hecho de que algunos ciudadanos decidan usar el derecho a la manifestación supone desde el punto de vista de la democracia liberal, la exigencia de ciertas demandas sociales, políticas, económicas y hasta culturales, el sentido de estas expresiones presume el descontento que grupos o individuos tienen con alguna parte del funcionamiento del sistema, en México, el 48 por ciento de los entrevistados en vivienda por Parametría a nivel nacional en abril de 2013, afirmó que sólo algunas marchas eran justificables, otro 13 por ciento refirió que la mayoría tenían justificación y un adicional 9 por ciento dijo que todas las marchas eran justificadas, si sumamos estas opiniones, el porcentaje de entrevistados que justifica en cierta escala la existencia de las marchas asciende al 70 por ciento. En contraparte 28 por ciento de los entrevistados señaló que ninguna marcha se justificaba.
Al preguntar sobre las causas que motivaban la existencia de las marchas en México, seis de cada diez entrevistados (57 por ciento) consideraron que las mismas ocurrían porque las autoridades no atendían las peticiones de las personas, es decir, en la opinión pública se asocia el origen de estas manifestaciones con peticiones no cumplidas por parte del gobierno, para el 41 por ciento restante, el origen tiene que ver con la costumbre de salir a protestar cuando no se está de acuerdo con algo.
Otro tema importante al analizar la percepción y opinión sobre las marchas, es la postura que tienen los ciudadanos sobre su posible regulación, a nivel internacional, países como Reino Unido, España o Canadá reglamentan este tipo de expresiones, con acciones que van desde avisar días previos sobre su realización, hasta en el caso de Reino Unido donde se debe informar ruta, nombre y dirección de los organizadores, en Montreal y Egipto se prohíbe portar mascaras o tener el rostro cubierto durante las mismas. En el caso de Estados Unidos el derecho a la manifestación está garantizado en la Primera Enmienda, sin embargo, si la manifestación requiere el cierre de calles es indispensable contar con un permiso, existen distintas reglamentaciones al respecto dependiendo del condado y de la ciudad donde se realicen.
En México no existe alguna ley que regule las manifestaciones, en el Distrito Federal, La Ley de Transporte y Vialidad promulgada en 2002, aborda en en el capitulo III el tema de las manifestaciones públicas en la vialidad, del artículo 105 al 108 se habla de las restricciones y características que cualquier desfile, caravana, manifestación, peregrinación o cualquier tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social debe tener.
En 2006 y 2012, hubo dos iniciativas que buscaron regular el tema de las manifestaciones en la capital, una realizada por los partidos, del Trabajo, Convergencia y Alternativa Socialdemócrata y Campesina y una más promovida por el Partido Verde Ecologista de México, ninguna de ellas prosperó.
En la Gaceta Oficial del Distrito Federal se publicó el 25 de marzo de 2013, el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el control de multitudes, cuyo objetivo, de acuerdo con lo establecido en el documento es: “establecer el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes, conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable en materia de uso de la fuerza, y respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con datos de la SSP del Distrito Federal, este año se espera que el número de marchas realizadas en la capital del país asciendan a 9 mil 68 manifestaciones batiendo un nuevo record.
A pesar de que la mayoría de entrevistados justificó en ciertos grados la existencia de las marchas, el 90 por ciento considera de igual forma que estas afectan a terceras personas, sólo un 7 por ciento se posicionó en la opción contraria. Posiblemente por ello, el 64 por ciento de los mexicanos expresó que las marchas deben permitirse pero tendrían que estar reguladas, otro 32 por ciento señaló que estas manifestaciones simplemente deberían prohibirse.
Finalmente, el tema sobre la posición que el gobierno debe tener antes estas manifestaciones propicia un debate más, ¿qué tan aceptable es que las autoridades competentes usen la fuerza publica cuando las marchas afectan a otros ciudadanos? ¿Cómo debe actuar? ¿A qué derecho debe dar prioridad? Y ¿Bajo que criterios debe justificar su actuación?, la opinión de los mexicanos en este tema se muestra dividida, si bien un 46 por ciento se manifestó en desacuerdo con que se utilice a la fuerza pública cuando las marchas afecten a terceras personas, otro 43 por ciento se manifestó a favor de la medida.
Este dato puede ser considerable si tomamos en cuenta la mala actuación que han tenido las autoridades en algunas de las manifestaciones en el país, tal es el caso de las protestas del 01 de diciembre de 2012, que derivaron en recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal[13], ya que evidenciaron la falta de criterios para la implementación del operativo así como el uso excesivo de violencia al aprender a algunos de los manifestantes que participaron de las protestas en la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto.