Marín, también conocido como el "gober precioso", había solicitado a una jueza mexicana, en el sureño estado de Quintana Roo, seguir su proceso en libertad y se le impusieran nuevas medidas cautelares, como residir en un único lugar y acudir a firmar de forma periódica para garantizar su proceso penal.
Sin embargo, la jueza determinó que "el imputado representa un riesgo para la víctima y testigos", así como que "existe un riesgo fundado de fuga".
Además, se determinó, debido a pruebas presentadas por el Ministerio Público, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) y la Fiscalía Especializada de Control Regional, "la falta de arraigo del imputado en el lugar del proceso, que los retrasos en el proceso penal que se le sigue al imputado corresponden a actos procesales de la defensa y la complejidad del proceso penal que se instaura en su contra".
"Como resultado, el Juzgado de Distrito, a cargo del proceso, determinó la continuación de la medida cautelar de prisión preventiva de Mario “M”, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Socia (Cefereso) 1 'Altiplano'", informó la FGR.
El exgobernador Marín fue aprehendido en Acapulco, estado de Guerrero, en 2021, luego de ser buscado por casi dos años, tras la orden de captura girada en abril de 2019 por una jueza de Quintana Roo.
Esto, al considerar que Marín utilizó su poder al frente del Gobierno de Puebla para torturar a la periodista Lydia Cacho y coartar su derecho a la libertad de expresión por una publicación que revelaba un entramado de pornografía y prostitución infantil, parte de su libro "Los demonios del Edén".
"Cabe recordar que el caso deviene de la acusación realizada por la Feadle por su presunta responsabilidad en valerse de las instituciones públicas del estado de Puebla que se encontraban bajo su mando y que, como titular del Ejecutivo de dicha entidad, ordenó la tortura de una reconocida periodista como castigo a su libertad de expresión", recordó la FGR.
ANTECEDENTES
En 2005, Lydia Cacho, periodista y activista, fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo privado.
Durante el viaje por carretera, de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en 2007 que no se violaron "de forma grave" las garantías individuales de Cacho.
Sin embargo, en 2019, el Gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) pidió disculpas a la periodista, al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en 2005 tras denunciar una red de pederastas ligada a empresarios y gobernantes.
Un año antes, el Comité de los Derechos Humanos de la ONU aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de Lydia Cacho y otorgaba 180 días para implementar las medidas correspondientes.