En conferencia de medios, la titular de la dependencia, Adriana Fabiola Poblano, indicó que a través de la Red Nacional de la Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de México, que preside y está conformada con asociaciones civiles, presentará en los próximos días las más de dos mil firmas que fueron recabadas el pasado 21 de marzo en las inmediaciones de Teotihuacan, cuyos resultados –hasta el momento—, reflejan la oposición al proyecto denominado “Esplendor Teotihuacano”.
“Desde los pueblos queremos decir: “!basta!” que se vea a estos espacios como ruinas o zonas arqueológicas, como museos. No son eso, para nosotros, los pueblos originarios, son centros ceremoniales vivos, son espacios de convivencia, son espacios también de desarrollo de espiritualidad de nuestros pueblos que ha resistido durante todos estos años después de la invasión”, dijo.
Tras indicar que a la fecha se continúa recabando firmas de los pobladores que viven en las inmediaciones de Teotihuacan, Fabiola Poblano destacó que, fundamentándose en el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el Artículo Segundo Constitucional, los resultados de la consulta ciudadana y las signas que se recaben, sobre la aprobación o rechazo a la privatización de Teotihuacan, serán presentadas al Congreso de la Unión.
Anunció que este Consejo integrado por vecinos y naturales de los pueblos acudirán al Pleno de la Cámara de Diputados donde buscarán incidir en la legislación respectiva, para que se cumplan y se revisen las reglamentaciones que existen sobre el patrimonio y para que además se contemple la participación de los pueblos.
Indicó que como parte de la política pública que aplica el gobierno de la ciudad en apoyo y defensa del patrimonio de la humanidad, esta organización asumirá otra tarea orientada a otros sitios históricos del país y de la ciudad de México, como es el caso de la iglesia de Santa Cruz Atoyac, en la delegación Benito Juárez.
Sobre este caso, especificó que el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal acordó en septiembre de 2008 dar apoyo a los habitantes del pueblo originario de Santa Cruz Atoyac, a través de su comisión político-jurídica en la resolución de un conflicto entre pobladores y el párroco de esa iglesia, quien, denunció, ha cometido diversas irregularidades como cambiar el uso de suelo de la parroquia para convertirlo en estacionamiento público, y el presunto robo del Cristo de Gabazo de Caña, entre otros.
Mencionó, que la investigación sobre estas irregularidades en la iglesia son realizadas por el arqueólogo Carlos Jiménez, consejero del Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, cuyos resultados han sido llevados a diversas instancias para resolver la problemática de este hecho.
Expresó que en caso de que estas defensas no sean resueltas favorablemente por las autoridades del país, se podría acudir a organizaciones internacionales para proteger a los patrimonios históricos de la República Mexicana y de la ciudad de México.