Subrayó que este organismo solo está facultado para conocer de presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, atribuidas a particulares, personas físicas o morales, así como a servidoras públicas federales, y a los poderes públicos federales.
El Consejo precisó que se remitió el caso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, para que en el ámbito de sus atribuciones conozca del fondo del asunto, lo atienda con prontitud y determine lo procedente.
Así respondió el Conapred a un acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en su Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias, donde se le solicitó intervenir para fincar responsabilidades, ante las desafortunadas declaraciones realizadas por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el 13 de junio, por resultar discriminatorias y, en consecuencia, violatorias de Derechos Humanos.
La diputada Brenda Velázquez Valdez (PAN) relató que el gobernador de dicha entidad dijo que “a una niña gorda no la quiere nadie”, por lo que dichas declaraciones son discriminatorias y violentan los derechos humanos, y este tipo de condenas ayudan a combatir el “bullying”.
En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria del miércoles 6 de julio, el Conapred puntualizó que el 14 de junio envió oficio al gobernador constitucional de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, toda vez que tuvo conocimiento a través de diversas notas periodísticas de los hechos a que hace referencia, donde se solicitaron diversas medidas precautorias.
Algunas de ellas: que como gobernador de Nuevo León y en su investidura de servidor público, se abstenga de realizar expresiones o comentarios que atenten contra la dignidad de las personas, entre ellas niñas, niños y adolescentes, así como de las personas que integran la diversidad sexual.
Lo anterior, en concordancia con la Constitución Política y los tratados internacionales ratificados por México y de los que es parte, y que obligan como personas servidoras públicas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
También que de forma inmediata, refrende en un acto público su compromiso y obligación de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las personas, sin discriminación por sexo, género y preferencia u orientación sexual, tal como lo establece el artículo 1º de la Constitución Política, sin anteponer prejuicios y estereotipos que pudieran propiciar un trato diferenciado en su agravio y la violación de sus derechos.
El Conapred recomendó que asuma y refrende su compromiso de llevar a cabo las acciones pertinentes para informar a la ciudadanía, en especial mujeres adolescentes, sobre los riesgos del embarazo a temprana edad, así como, aquellas para prevenir, reducir y abatir el embarazo adolescente no deseado con una perspectiva de derechos humanos y de género, además aquellas que sean necesarias para eliminar estereotipos de género y de las personas de la diversidad sexual.
También, en aras de abonar por una cultura antidiscriminatoria, le pidió promover políticas que ayuden a erradicar esquemas que detonan la discriminación estructural que parten de la incorporación y reproducción de prejuicios y estereotipos negativos que impactan en la distribución desigual del presupuesto y/u otorgamiento de programas, hacia diversas personas o colectivos.