Mediante estas reformas, la Ley de Competencia se coloca a la altura de las mejores prácticas internacionales en materia de sanciones e instrumentos de investigación de la autoridad. Concretamente:
1. Las multas máximas para quien comete prácticas monopólicas absolutas y relativas se elevan a 10 y 8 por ciento, respectivamente, de los ingresos anuales totales en México del infractor, sin necesidad de reincidencia.
2. Se establecen sanciones penales de 3 a 10 años para quien cometa prácticas monopólicas absolutas.
3. Se permite a la Comisión Federal de Competencia (CFC) realizar visitas de verificación sin previo aviso a las instalaciones de los agentes económicos para recabar información relacionada con sus investigaciones.
4. Se instauran las medidas precautorias, para evitar un daño irreversible al proceso de competencia durante la investigación de una práctica.
Al mismo tiempo, también en línea con la práctica internacional, las reformas aprobadas fortalecen las obligaciones de transparencia de la Comisión, profundizan la división de funciones al interior de la autoridad para evitar cualquier conflicto de interés, permiten la terminación no litigiosa de casos a través de compromisos de los agentes económicos y simplifican de manera muy importante la notificación de concentraciones, por mucho el procedimiento más frecuente ante la CFC.
Como resultado de las reformas, la CFC asume el reto de una instancia adicional de revisión judicial de sus decisiones, cuyas reglas de funcionamiento deberán establecerse de manera que se cumpla el objetivo de dar mayor certidumbre jurídica sin abrir la puerta a estrategias dilatorias basadas en el litigio.
Con estas reformas, se fortalece sustancialmente el marco legal para la protección del proceso de competencia y libre concurrencia en nuestro país. Esto beneficiará a los consumidores, a través de una competencia más vigorosa que reduzca los precios y amplíe las opciones para todos. También impulsará la competitividad y el empleo en la economía mexicana, por medio de mayores incentivos a mejorar la productividad en sectores que han estado aislados de la disciplina competitiva.
Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC, declaró: “Con las reformas aprobadas, el Ejecutivo y el Congreso envían una clara señal de voluntad política para poner al consumidor mexicano donde debe estar: en el centro de la economía.”
