Aplaudimos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ordenar la liberación inmediata de las indígenas queretanas, acusadas de secuestrar a seis policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI)”, expresó la legisladora panista.
Reconoció que el caso estuvo plagado de irregularidades e injusticias, por lo que la orden de liberar a Alberta y Teresa es una decisión atinada y justa.
Reconoció que la justicia mexicana ha dado un paso importante con la liberación de las mujeres de origen otomí.
Consideró que aún existen lagunas en el Poder Judicial mexicano que mantienen a gente inocente tras las rejas de las cárceles del país, que facilitan que una persona inocente sea incriminada y juzgada con los elementos probatorios mínimos o inexistentes.
En tanto, abundó, “hay asesinos y secuestradores caminando tranquilamente por las calles y, aún cuando ya han pasado por las instancias judiciales correspondientes, son liberados por falta de pruebas”.
En 2009, Adriana Fuentes Cortés presentó una propuesta de punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República que retirara los cargos contra Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, esta última liberada en septiembre de ese año.