Señaló que la decisión de aprobar una reforma de la trascendencia de la energética, no puede ser decisión de unos cuantos, de un pequeño grupo, sino de las y los ciudadanos todas y todos quienes deben determinar qué quieren que pase respecto a temas sustanciales.
Ante el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera; del Coordinador del GPPRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles; la Vicepresidenta de la Cámara Baja, Aleida Alavez Ruiz y la senadora Alejandra Barrales, García Medina afirmó que es la ciudadanía la que está rompiendo los cercos que están queriendo imponer el PRI y el PAN para que la consulta popular no se realice en 2015.
“Afuera, en la calle, no en las oficinas del gobierno o del Congreso, hay un fuerte sentimiento de rechazo a la reforma energética, pero que en realidad es la entrega de nuestro patrimonio energético, de nuestro patrimonio natural”, destacó la legisladora.
En el auditorio “Memoria y Tolerancia”, la legisladora del PRD dijo que nadie debe olvidar, lo que significó la presencia de las empresas petroleras trasnacionales cuando el presidente Lázaro Cárdenas anunció la expropiación petrolera, y aún antes y después, cuando querían intervenir en los asuntos domésticos del país.
Precisó que las reformas realizadas al artículo 35 constitucional establece claramente el derecho de la democracia directa de los ciudadanos y ciudadanas a participar en consultas sobre temas de trascendencia nacional, por lo que al interior del propio gobierno y del PRI hay quienes han admitido que no les quedará más remedio que la Constitución y las leyes sean llevadas a consulta.
Allí mismo, y también ante la presencia de la maestra Ifigenia Martínez, del Jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo y de senadores y diputados federales y locales de la Ciudad de México, además de jefes delegacionales, la diputada, dijo que “ya es hora que la ciudad de México tenga su propia Constitución”.
Promotora del plebiscito ciudadano en 1993 que obligó al gobierno federal a aprobar una reforma política para que se eligiera directamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal y a todas todos los jefes delegacionales, Amalia García Medina recordó que aquella reforma política “significó un avance” pero que fue insuficiente.
Reconoció el trabajo que desde el Congreso federal y desde la propia Asamblea Legislativa del Distrito Federal se está haciendo para este propósito como del propio Porfirio Muñoz Ledo que, afirmó, han avanzado en una suerte de consenso con las otras fuerzas políticas de la capital del país.
Reiteró que “fue un avance pero que 20 años después es insuficiente, por lo que ya es hora de que la ciudad de México tenga su propia Constitución y goce todos los derechos que tienen el resto de las entidades federativas del país”.
Dedicó también parte de su mensaje a los migrantes que buscan en Estados Unidos una mejor vida y llamó al gobierno federal y a los estatales a detener las agresiones y violación de los derechos humanos de estos, pues lamentó que mientras exigimos a EU un trato digno a nuestros connacionales, no hacemos lo mismo con los centroamericanos.
En su alocución la diputada recordó a Valentín Campa quien estuvo 12 años en la cárcel por luchar por un México mejor, y quien, destacó, siempre lo hizo desde la trinchera de la izquierda, formuló un resumen de su trabajo del primer año legislativo de la LXII Legislatura, periodo en el que presentó 25 iniciativas de ley y 12 proposiciones con puntos de acuerdo de las que fue promotora o suscribió algunas de ellas.
Destacan como proponente, la Ley Federal de Consulta Popular, reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 Constitucional; la Ley Federal de Iniciativa Ciudadana que reglamenta la fracción IV del artículo 71 de la Constitución, así como el proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 35 Constitucional en materia de Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular.
De igual manera, la que expide la Ley General para la Protección y Asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados. Se adhirió al proyecto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso que crea la Comisión Ordinaria “Contra la Trata de Personas”, entre otras.