En entrevista, la asambleísta Maricela Contreras aseguró que las opiniones de los jerarcas católicos “parten de una concepción meramente religiosa que ignora la realidad social y es indiferente ante la demanda de que se respete nuestro derecho a una maternidad libre e informada”.
Por ello, la presidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exigió de los líderes de la Iglesia católica respeto de los debates sobre el reconocimiento y avance de los derechos humanos en nuestro país.
Contreras pidió a la SCJN que en el debate sobre la constitucionalidad de las reformas que penalizan el aborto privilegie “una agenda progresista de promoción de derechos y no el enfoque conservador de algunos sectores que quieren imponer su visión personal y moral”.
“Su visión sobre el aborto en nada ayuda a reducir los riesgos de muerte de mujeres y ofrecer garantías para cuidar su salud ante un embarazo no deseado; dicen defender la vida, pero se contradicen cuando no les está interesando el peligro que representa para una mujer interrumpir su embarazo sin que se tengan los medios adecuados que garanticen un acceso seguro a los servicios de salud”, afirmó.
Afirmó que luego de las reformas que permiten la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, 18 estados del país reformaron sus constituciones para proteger la vida desde el momento de la concepción y criminalizan el aborto.
Informó que de abril de 2007 al 23 de septiembre de 2011, en los 18 hospitales públicos del Distrito Federal se han practicado 66 mil 899 interrupciones legales de embarazos, de 105,409 que se acercaron a solicitar información.
“Es decir, 38,510 mujeres decidieron no practicarse este método, Lo que muestra que el Distrito Federal no es un paraíso de abortos y si un lugar donde las mujeres encuentran servicios que garantizan su derecho a la salud a elegir una maternidad libre e informada”, indicó.
Contreras detalló que de ese total, 3,803 fueron menores de edad, 15,158 provenientes del estado de México y 2,159 de otras entidades federativas.
“Lo que representa un retroceso para los derechos de las mujeres, impactando en las políticas públicas en temas como acceso real en los servicios públicos de salud sexual y reproductiva, pues niegan incluso el uso de métodos anticonceptivos como la pastilla de anticoncepción de emergencia y la colocación del dispositivo intrauterino, como es el caso de Colima, Guanajuato y Sonora, en tanto que en Jalisco y Guanajuato el aborto se prohíbe incluso en casos de violación”, precisó la diputada Maricela Contreras.
En cuanto las características de las mujeres, que han decidido por la interrupción del embarazo se encontró que el grupo de edad entre los 18 y 29 años representa el mayor porcentaje con 69.7 por ciento; el 58.5 por ciento cuentan con preparatoria o educación superior; el 53.1 por ciento es soltera, el 26.3 por ciento vive en unión libre y el 17.4 por ciento es casada; el 50 por ciento acude cuando tiene entre siete, ocho y nueve semanas de gestación, en contraste con el 2.8 por ciento que lo solicita hasta las 12 semanas y sólo el 17.6 por ciento no aceptó un método anticonceptivo post-procedimiento.