Lo anterior, anunció Corchado Acevedo, se logrará con modificaciones al artículo 33 del Reglamento de Transporte local, que presentará en el próximo periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), toda vez que el gobierno local, las aseguradoras y los concesionarios sean corresponsables, ya que actualmente los seguros sólo cubren daños por accidentes automovilísticos.
Asimismo, señaló que exigirá la instalación de botones de pánico y cámaras de seguridad conectadas en tiempo real al C4 en las unidades de transporte como obligación de ley.
También resaltó que, con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en 2011 sólo el 26.5 por ciento del transporte de pasajeros a nivel nacional estaba asegurado; esta póliza se cubría por unos meses y en la mayoría de los casos no se refrendaba.
A pesar de que no se cuenta con datos exactos del número de unidades de transporte público en la Ciudad de México, de acuerdo con el padrón de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) del 2013, abundó Corchado Acevedo, se estima que existen cerca de 18 mil unidades de microbuses y combis, sin considerar las casi 11 mil provenientes del Estado de México.
Según la Dirección General de Política y Estadística Criminal, los índices de ilícitos no se han incrementado en los últimos tres años; sin embargo, si se considera que sólo se denuncia entre un ocho y diez por ciento de los crímenes, sí aumentó la violencia con que se comenten.
El también representante de la coalición parlamentaria de los Partidos Nueva Alianza (NA), del Trabajo (PT) y Humanista (PH), el diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo indicó que no basta con buscar que el transporte no sea contaminante, sino exigir una mejor calidad en el servicio de los concesionarios y que se responsabilicen por accidentes y crímenes del orden común a bordo de sus unidades.
En ese sentido, el también presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social en la ALDF, manifestó su preocupación por la seguridad de la clase trabajadora, jóvenes, niños y adultos mayores que se ven en la necesidad de trasladarse en estas unidades. “No podemos ser omisos y no tomar medidas para defender a los ciudadanos”, apuntó.
Por ello, exhortó a las instituciones involucradas, como la Secretaría de Movilidad, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), las aseguradoras y los mismos pasajeros a trabajar por nuevos esquemas de gobernanza para cambiar la visión de responsabilidad civil y de seguridad en el transporte.
