El ministro había anunciado el jueves la cancelación de la licencia de Fibertel, del grupo multimedia Clarín, el mayor del país, por "incumplimiento" de las normativas del sector de telecomunicaciones.
"No es cierto que el que deja de tener el servicio de Fibertel queda en manos de las telefónicas. Hay diferentes compañías, infinidad de cooperativas a lo ancho y largo del país. Hay 200 prestadores que dan el servicio en forma legal", dijo el ministro de Planificación, Julio de Vido, en declaraciones a la prensa local.
Según alegó, la medida fue aplicada porque Fibertel traspasó "unilateralmente" y "sin la debida autorización previa" sus servicios a Cablevisión, cuando se fusionaron ambas empresas controladas por el grupo Clarín.
En un comunicado, Cablevisión tachó a la medida gubernamental anunciada hoy de "ilegal", "arbitraria" y sin "antecedentes" y anticipó que "ejercerá todas las acciones administrativas y judiciales, tanto en el fuero civil como penal, para defender sus legítimos derechos y velar por la continuidad de sus servicios".
Consideró, además, que la medida "revela una brutal actitud de hostigamiento contra una empresa" y "busca reducir drásticamente la competencia y consagrar el monopolio de las telefónicas".
"Con esta medida, el Gobierno pretende anular la competencia en la prestación del servicio de Internet, favoreciendo sospechosamente a las compañías telefónicas de capitales extranjeros que ostentan un claro monopolio, en desmedro de una compañía nacional", aseguró.
En Argentina hay cuatro millones de abonados a servicios de internet, el 38 por ciento de ellos clientes de banda ancha, según consultoras del sector de telecomunicaciones.
Además de Fibertel, las otras dos grandes operadoras de Internet en el país son Speedy, controlada por Telefónica de Argentina, del español grupo Telefónica, y Arnet, subsidiaria de Telecom Argentina, en manos de una sociedad participada por Telecom Italia y el consorcio argentino Werthein.