El presidente de la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía de ese órgano legislativo, Gerardo Flores aseguró que la concesión otorgada al citado grupo de inversionistas para hacer uso del espectro radioeléctrico fue apegado a lo que marca la ley.
Sin embargo, los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) cuestionaron dicha licitación y se pronunciaron porque se dé marcha atrás a la misma.
El priista, Carlos Flores Rico dijo que el proceso de licitación “debe ser cancelado, reeditado y reponerse”, ya que “el precio de enganche que dieron Televisa y Nextel para su uso es ridículo”.
“El monto que se puso a la entidad ganadora, dista mucho del que tiene el precio en el marcado, el precio de enganche es muy barato aún considerando que fue un enganche de muchos años, es ridículo su precio y debe ser revisado”, argumentó.
El diputado dijo que incluso esta propuesta ya se hizo del conocimiento de la Secretaría de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que sea presentada ante el pleno.
Advirtió que en caso de que no se atienda la excitativa de los legisladores, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas “se atendrá a las consecuencias de sus actos”.
En tanto, el presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Escudero Morales pidió prudencia a todos los actores políticos interesados en el tema y esperar a que el proceso llegue a su término para poder emitir juicios valorativos.
El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se pronunció además a favor de que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) rinda cuentas acerca de sus procesos de licitación.
A su vez, el perredista Alejandro Encinas afirmó que la venta del espectro radioeléctrico a la sociedad Nextel-Televisa “constituye un regalo por parte del gobienro federal que equivale a más de 6 mil millones de pesos”.
Por ello, anunció que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) apoyará al Congreso en caso de que se decida presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la decisión de Cofetel.