"Es importante que los esfuerzos no se vean socavados por el riesgo de fugas de carbono. Es por eso que nuestro plan para 2030 incluye un mecanismo de ajuste de fronteras", declaró Von der Leyen este martes en un acto en el marco de la conferencia climática COP26.
La presidenta del Ejecutivo comunitario recordó que la UE cuenta desde 2005 con un mercado de comercio de emisiones en el que 11.000 plantas industriales y 500 aerolíneas deben pagar por cada tonelada de CO2 emitida, que la Comisión quiere ampliar también a la climatización de los edificios y al transporte rodado.
Actualmente, la tonelada de CO2 se paga a unos 60 euros (unos 69 dólares) y además, la Comisión ha propuesto a los Estados miembros de la UE y al Parlamento Europeo la creación de un sistema para gravar también el CO2 de ciertos productos que entren al mercado europeo.
"Inicialmente se aplicará a un número limitado de productos que representan un alto riesgo de carbono fuga, concretamente cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes y electricidad", dijo.
Ese mecanismo está lejos aún de hacerse realidad, pero es una herramienta que la UE utiliza para presionar a la comunidad internacional para que también grave las emisiones de efecto invernadero.
Von der Leyen señaló que ese mecanismo "se probará durante 3 años antes de que empiece a aplicar" y se ampliará gradualmente.
"Queremos introducir el mecanismo en el diálogo con nuestros socios comerciales. Vemos este ajuste de la frontera de carbono como una herramienta de política climática. El mejor mecanismo, en mi opinión, sería uno que no se aplica porque todos nuestros socios comerciales fijarían también un precio carbono", dijo.