El Ejecutivo mantendrá la base del impuesto inicial y reformará la parte prevista para los grandes industriales, el principal punto que llevó al Constitucional a declararle contrario a la Carga Magna.
En la versión corregida, el Gobierno deja de lado la parte más espinosa de la tasa, la que se refiere a los grandes industriales, los que más contaminan pero también los que pueden sufrir un mayor impacto en su competitividad.
Así, el ministro de Ecología, Jean-Louis Borloo, aseguró que se abre un periodo que irá desde el próximo mes de febrero hasta la primavera para acordar con el sector industrial las modalidades del nuevo impuesto, que debería aplicarse hasta 2013, cuando dichas empresas queden exentas de la "contribución verde".
La medida se aplicará, por tanto, hasta que entre en vigor el sistema europeo de pago de cuotas por emisiones contaminantes.
Mientras tanto, obligado por el Constitucional a aplicar la tasa a las grandes industrias, el Ejecutivo estudia medidas compensatorias para evitar que pierdan competitividad frente a las empresas de otros países.
En los próximos meses se estudiarán las modalidades de compensación, que pueden ir desde una disminución de las cargas laborales a la concesión de créditos de impuestos.
Otra idea pasa por incrementar la tasa sobre la contaminación a las empresas que tengan menos rendimientos ecológicos y compensar con el dinero recaudado a las más eficientes en lo que se refiere a la disminución de emisiones de gases a efecto invernadero.
Las empresas afectadas, esencialmente siderúrgicas, cementeras, cristaleras, además de las centrales eléctricas térmicas y el transporte aéreo.
La parte que no censuró el Consejo Constitucional se mantiene inalterada y cargará a los particulares con un impuesto de 17 euros por tonelada de CO2 emitida a la atmósfera, lo que supone, por ejemplo, un encarecimiento de 4 céntimos de euro por litro de gasóleo, de 4.5 céntimos para la gasolina o una subida media del 8 por ciento en la factura de calefacción de fuel.
Además, se mantienen las condiciones específicas para los sectores en crisis, tales como el transporte por carretera y la agricultura, algo que el Constitucional consideró legítimo.