En conferencia de prensa, Leopoldo Rodríguez, presidente de la Amdee, indicó que la capacidad instalada en energía eólica en México aumentó en 158 MW, con lo que totalizó 7,317 MW.
Explicó que la producción de electricidad a partir del viento durante 2022 superó los 20,000 Gigawatts-hora (GWh), lo que representó el 6.09 % de la generación total de electricidad en el país.
Rodríguez detalló que la política energética del Gobierno ha rezagado la autorización de proyectos eólicos que están listos para entrar en operación, con proyectos que pueden aportar capacidad instalada por hasta 400 MW.
“Todavía no tenemos claro (la regulación), efectivamente hay algunos proyectos ya construidos que están esperando su autorización para entrar en operación comercial. Ojalá puedan entrar todos los que faltan", indicó.
"Son pendientes del orden de un poco más de 400 MW”, informó.
El presidente de la Amdee recordó que la ONU ha declarado que se entra a la era de la “ebullición global” y que los próximos cinco años serán los más cálidos jamás registrados.
Además, Rodríguez destacó que estados del norte de México, como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, tienen el mejor potencial eólico del mundo.
Y también consideró necesario incrementar la inversión en redes de transmisión y distribución, donde se debe reevaluar el plan de desarrollo a futuro.
Por su parte, Ramón Fiestas, presidente del GWEC, aseveró que México ha dejado de ser el segundo mercado en Latinoamérica en la adopción de energía eólica, región en la que cada año se adiciona hasta un 25 % de la potencia eléctrica instalada total por plantas eólicas.
“Los 157 megavatios (en 2022) es uno de los peores registros de la historia de México desde el punto de vista de la instalación de generación eólica”, aseveró.
Fiestas matizó que, aunque México incrementó su ambición climática respecto de reducir sus emisiones, el Gobierno no ha puesto en práctica las políticas necesarias para cumplir con sus objetivos.
Sin embrago, concluyó que el país atraviesa por un momento excelente y oportunidad histórica de recuperar políticas energéticas dirigidas a cumplir los objetivos en materia ambiental e incrementar su matriz renovable ante la demanda esperada por la relocalización de empresas al país o “nearshoring”.
