"Hay una mayoría cualificada (...). Hoy hemos dado un paso importante en pro de la naturaleza", dijo la ministra sueca de Medioambiente, Romina Pourmokhtar, cuyo país ostenta actualmente la presidencia rotatoria del Consejo.
La titular sueca había señalado en su intervención inicial que "cambio climático y crisis de biodiversidad están entrelazadas y los instrumentos para responder a estas crisis tienen que ser coherentes y complementarios".
La Ley de la Restauración de la Naturaleza es un expediente icónico del Pacto Verde, la hoja de ruta de la UE para desarrollar una economía descarbonizada y climáticamente neutral a mitad de siglo, que se ha envenenado políticamente después de que el PPE que preside Manfred Weber haya pedido a la Comisión Europea que retire el texto.
En concreto, la iniciativa busca restaurar para 2030 el 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos dañados y la totalidad de ellos para 2050.
La posición del Consejo salió adelante pese al rechazo de Polonia, Suecia, Finlandia, o Italia, que cambiaron de idea en el último momento, con dudas de Bélgica o Países Bajos y con el apoyo de Hungría, Chequia, Bulgaria, Eslovenia, Alemania, Francia, Portugal, Chipre, Rumanía, Malta, Grecia, Dinamarca o España.
"No basta proteger el 30 % de los espacios terrestres y marinos para 2030 -como exige el acuerdo en la Conferencia de Biodiversidad de Naciones Unidas (COP15)-, sino que debemos también restaurar los ecosistemas particularmente dañados", dijo en el debate la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
La también vicepresidenta tercera de España, país que como presidencia del Consejo de la UE a partir de julio dirigirá la futura negociación con el Parlamento Europeo con el objetivo de cerrar la normativa "antes de final de año", señaló que el acuerdo está "por debajo" de lo que hubiera querido Madrid "y, sin embargo, es un paso muy significativo".
El pacto fue posible gracias a que la presidencia sueca añadió al borrador varias flexibilidades y aclaraciones para ofrecer garantías a zonas con alta densidad de población, regiones ultraperiféricas, áreas agrícolas o de defensa, criterios de reumidificación o energías renovables.
"La planificación, construcción y funcionamiento de las plantas de fuentes renovables, su conexión a la red y la red misma y el almacenamiento tienen un interés público superior. Los Estados miembros pueden eximir a estos proyectos de demostrar que hay soluciones menos dañinas en determinadas circunstancias", subrayó Pourmokhtar.
El texto incluye también un párrafo sobre financiación que estipula que la Comisión tendrá que hacer una revisión del reglamento en 2026 y proponer medidas si hay lagunas financieras.
"Esta propuesta nos ahorra mucho dinero. Por cada euro invertido tenemos un retorno de por lo menos ocho euros de los beneficios que nos ofrecen los ecosistemas saludables. Así que, lo más caro que podemos hacer es no actuar", manifestó el comisario de Medioambiente, Virginius Sinkevicius.
El comisario aseguró que confía en que la ley se pueda tramitar antes de final de año gracias al "gran apoyo" de España, que asumirá la presidencia en el segundo semestre de este año.
El vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, había pedido al inicio que no se conviertan las políticas climáticas en "guerras culturales" con una "oposición tribal" donde "los hechos ya no importan".
"Es clave para mejorar la resiliencia y la productividad de la tierra, para garantizar nuestra seguridad alimentaria. En contra de lo que dicen algunos, esto no va a suponer un problema para la seguridad alimentaria. Si no ayudamos a la naturaleza a restaurarse, sí tendremos un problema", afirmó en el debate con los ministros.
EUROCÁMARA
Con el acuerdo en el Consejo, la presión pasa al Parlamento Europeo, donde la comisión de Medioambiente seguirá votando el 27 de junio el mandato negociador de la Eurocámara, que tendrá que ser aprobado por le pleno del hemiciclo en julio.
En la primera parte de ese maratoniano escrutinio en comisión parlamentaria, dio tiempo a votar la moción del PPE para retirar el texto, que fue rechazada por un voto.
Weber, que argumenta que su rechazo defiende a los agricultores, ha acercado a los populares europeos a las tesis de la extrema derecha y ha presionado a sus eurodiputados y a los Gobiernos de su familia política.
Intenta así derribar una simbólica ley de la agenda verde de la Comisión Europea que preside Ursula Von der Leye, quien como él es germana y democristiana pero también su rival política, pues Weber postuló para dirigir el Ejecutivo comunitario en 2019 y el puesto fue para ella.
Tras el voto en el Consejo, la eurodiputada popular Anne Sander comentó en redes sociales que "antes de gritar victoria, los 'partisanos' del texto deberían al menos tomar consciencia de la débil mayoría" lograda en el Consejo.
En el polo opuesto, el presidente de la comisión de Medioambiente, el liberal Pascal Canfin, destacó que seis de nueve gobiernos del PPE apoyaron el texto.
Una vez el Parlamento adopte su enfoque, podrá negociar con el Consejo y la Comisión la versión definitiva de la pieza normativa.
