Se trata de uno de los puntos negociados y acordados en el consejo extraordinario de Energía celebrado hoy en Bruselas, pero que no serán aprobados formalmente hasta que se acuerde también el diseño definitivo de un futuro tope de precio a las compras de gas, extremo que genera gran división entre distintos países.
Los ministros volverán a citarse el 13 de diciembre en Bruselas, en el que será el quinto consejo extraordinario de Energía del semestre, y en esa cita esperan poder acordar el polémico tope al gas y adoptar formalmente todas las normas que han quedado en suspenso, informó el Consejo en un comunicado.
Una de estas es el citado índice, que desarrolla ya la Agencia para la Cooperación de los Reguladores Energéticos (ACER).
Busca complementar las carencias del indicador de futuros Title Transfer Facility (TTF) de Ámsterdam, que sirve de referencia para las compras mayoristas de gas en el centro-norte de la UE y se emplea como referencia en gran parte de los contratos en Europa pero que no refleja adecuadamente el creciente mercado de GNL.
La regulación, una vez adoptada, también incluirá un "freno de emergencia" en el mercado gasístico mayorista intradía en momentos puntuales de volatilidad extrema, cuya implementación correrá a cargo de la Autoridad Europea de Mercados Financieros (ESMA).
COMPRAS CONJUNTAS Y SOLIDARIDAD
Secuestrado como todo lo acordado hasta que se acuerde el futuro mecanismo para topar de precio a las compras de gas en la UE, los titulares de Energía de los Veintisiete también pactaron los detalles del sistema de compras conjuntas de gas de cara al próximo invierno 2023-2024.
El objetivo es obtener precios más baratos al contratar más volumen y evitar que los socios europeos pujen unos contra otros.
Los Estados miembros se comprometen a agregar la demanda del 15 % de sus reservas (alrededor de 13,500 millones de metros cúbicos para el conjunto de la UE), que será negociada por un proveedor de servicios común en los mercados globales.
Más allá del 15 %, la agregación será voluntaria pero con el mismo mecanismo, precisó el Consejo sobre un acuerdo que permite seguir desarrollando ese sistema de adquisición mancomunado y contempla ciertas normas para aumentar la transparencia en las licitaciones y grandes compras de empresas de gas.
"Los Estados miembros hicieron explícito que el gas ruso quedará excluido de la compra conjunta", subrayó el Consejo.
Por otro lado, los Veintisiete también se comprometieron a compartir gas en caso de escasez de suministro para la generación eléctrica de otro socio, extremo que inquieta especialmente a los países que aún dependen de las importaciones rusas.
Los beneficiarios de esa solidaridad pagarían el gas recibido a precio de mercado y también se harían cargo de posibles litigios o arbitrajes o daños financieros que pueda generar la pérdida de clientes.
El reglamento incluye una serie de reglas para compartir gas en caso de "emergencia real", que entrarán en vigor sólo si los Estados miembros no han concluido acuerdos bilaterales que fijen las condiciones específicas.
Las nuevas normas también permiten a los Estados miembros "reducir el consumo de gas no esencial de los clientes protegidos, con el fin de suministrar gas a industrias y servicios esenciales", indicó el Consejo.
Se refiere a la calefacción exterior o la climatización de las piscinas de hogares residenciales, pero en ningún caso la calefacción interior de viviendas, colegios y hospitales, precisó la institución, que añadió que serán los países los que definan "lo que constituye un consumo de gas no esencial".
DESPLIEGUE DE RENOVABLES
Los Veintisiete también pactaron, pero dejaron sin aprobar, un reglamento vigente durante 18 meses y prorrogable para acelerar el despliegue de instalaciones de generación de energía renovable "que tengan el mayor potencial de implementación rápida y el menor impacto en el medio ambiente".
"La nueva normativa de voluntades temporales establecerá plazos máximos para la concesión de permisos de equipos de energía solar, la mejora de las centrales renovables existentes y el despliegue de bombas de calor", informó el Consejo.
Además, introducirán una "presunción de interés público superior para los proyectos de energía renovable", lo que permitirá a dichos proyectos beneficiarse de una evaluación simplificada de una serie de obligaciones ambientales, aunque los Estados podrán restringir la aplicación de estas disposiciones en ciertas partes de su territorio, tipos de tecnologías o proyectos.