Con un discurso alarmante desde la perspectiva humanitaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y otro burocráticamente legal de la Unión Europea (UE), los jueces se han retirado a deliberar sobre las obligaciones legales de los países para proteger a naciones y generaciones futuras de los efectos dañinos de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero generadas por la actividad humana.
En su opinión legal no vinculante, que se espera para 2025, también deben aclarar las consecuencias legales que enfrentan los países si no cumplen con las responsabilidades identificadas, ya sea por acciones que contribuyen al problema, o por omisión de esfuerzos para prevenirlo.
Amenaza existencial
En su turno de la palabra, los países industrializados argumentaron en general que la CIJ debería basar sus conclusiones en los tratados climáticos ya existentes: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, de los que no se concluyen obligaciones legalmente vinculantes.
Frente a esto, los países más en desarrollo y los pequeños Estados insulares advirtieron de que estos convenios “han fallado” y por eso se ha recurrido a la CIJ, y han alertado de la amenaza existencial que supone para sus pueblos el calentamiento global, y exigieron a los países ricos más esfuerzos en la lucha climática y la adaptación a sus efectos.
“Estas dos semanas, hemos visto que, a pesar de enfrentar graves limitaciones de recursos y soportar el peso de la crisis climática, las naciones del Sur Global no solo poseen una claridad moral, sino también soluciones cruciales para enfrentar esta crisis. Es evidente que los Estados contaminantes deben rendir cuentas por el daño que han infligido y continúan infligiendo a las comunidades y al planeta”, dijo hoy Vishal Prasad, director de Estudiantes del Pacífico en Lucha contra el Cambio Climático (PISFCC), autores de la iniciativa de recurrir a la CIJ.
Vanuatu, uno de los países más pequeños del mundo y más afectados por el cambio climático, lamentó que los países ricos como Estados Unidos hayan “usado su tiempo” ante la CIJ para rechazar cualquier “obligación legal” para adoptar medidas climáticas o remediar el daño climático, en la misma línea que países como China y Australia.
“Los tratados son esenciales, pero no pueden ser un velo para la inacción o un sustituto de la responsabilidad legal. Es necesario rendir cuentas por el fracaso en reducir emisiones, los impactos del cambio climático y las violaciones de derechos humanos generadas por este fracaso”, señaló Ralph Regenvanu, representante de Vanuatu.
Compromisos, sin obligaciones
A unas semanas de la vuelta de Donald Trump, conocido por sus fuertes posturas negacionistas sobre el calentamiento global, Estados Unidos aseguró tomarse “en serio sus obligaciones” frente al cambio climático, pero rechazó la presión legal exigida, considerando este “un problema de acción colectiva” que “requiere acción global y cooperación” entre los Estados.
China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero, admitió que el cambio climático es “un desafío global sin precedentes”, pero insistió en que los países desarrollados deben “emprender reducciones cuantiosas de emisiones” y señaló que sus “necesidades prioritarias legítimas” son la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible.
Una España recientemente azotada por la dana en Valencia, advirtió de que esta “habría sido menos probable y menos intensa sin los efectos del cambio climático”, y subrayó que la emergencia climática es un “poderoso multiplicador de amenazas” a nivel global, instando a la CIJ a emitir “una respuesta basada en un enfoque de derechos humanos” en la lucha contra el calentamiento global y la protección ambiental.
La UE pidió a la CIJ “cautela” porque se le pide opinar sobre las obligaciones de los Estados hacia el cambio climático “sin llegar a determinar de manera concreta” si han violado sus obligaciones, y subrayó el “deber compartido” de abordar la crisis climática global.
Francia instó al tribunal a “contribuir a identificar y clarificar” el derecho internacional aplicado a la lucha climática, pero defendió que la interpretación debe “encontrar su principal fuente en el derecho relevante y aplicable”, como en la CMNUCC.
Mientras, Alemania pidió mantener “una clara diferencia entre “obligaciones legalmente vinculantes, y compromisos políticos voluntarios no vinculantes” porque “tal distinción constituye una condición indispensable” para que los Estados acepten ambos.