MarViva denunció que, según datos del proyecto Cadenas Mundiales Sostenibles de Productos del Mar (GMC por sus siglas en inglés) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Costa Rica se encuentra entre los principales exportadores de aletas de tiburón.
"El estudio deja a Costa Rica mal parada, evidencia la ausencia de mecanismos de gobernanza para el manejo de las pesquerías, la ausencia de políticas y control sobre la pesca incidental y contradicciones en cuanto a normativa al tomarse decisiones políticas contrarias a la Convención CITES (Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres)", afirmó Jiménez a Efe.
Según Jiménez, en Costa Rica hay "contradicciones", entre ellas que el Gobierno firmó el Convenio sobre Diversidad Biológica para proteger especies amenazadas pero, a la vez, mediante un decreto, declaró especies de tiburones, entre ellas el tiburón martillo, como de interés comercial.
"Costa Rica ha avanzado en muchos frentes, pero en el manejo de sus pesquerías esta todavía en el siglo 19. No tenemos una política pesquera ni una institucionalidad que permita asegurar que manejamos adecuadamente los recursos pesqueros y, por el contrario, estamos poniendo en peligro muchas de las poblaciones de peces y al mismo tiempo poniendo en crisis socioeconómica a miles de personas de las costas que han visto reducirse las descargas pesqueras en torno al 50 % en las últimas dos décadas", expresó Jiménez.
El director de MArViva también dijo que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés), incluyó a Costa Rica en una lista de 31 países con embarcaciones dedicadas a actividades de pesca ilegal o captura incidental de especies protegidas en alta mar.
Otra contradicción señalada por MarViva es que el estatal Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) es simultáneamente, la autoridad administrativa de la Convención CITES, y la Autoridad Científica que efectúa estudios sobre las poblaciones de especies marinas.
Según Jiménez, esto es contrario a lo establecido por el CITES en cuanto a que la Autoridad Científica debe ser diferente de la Autoridad Administrativa.
“Estos hallazgos confirman la necesidad que tiene el país de fortalecer la adecuada gestión de sus recursos pesqueros y garantizar la conservación de especies amenazadas. En este momento no existe un compromiso real por parte de Costa Rica y más que ideas e intenciones, urgen acciones reales, estratégicas, integrales y basadas en la ciencia”, declaró Jiménez.
El ambientalista afirmó que el Incopesca tiene una limitada capacidad para implementar la normativa existente que regula la pesca y protege especies, tiene vacíos regulatorios y una débil gobernanza con conflictos de interés en sus estructuras directivas.
“Las pesquerías bien manejadas son un mecanismo para generar empleo y bienestar en las zonas costeras. Fundación MarViva recalca que el recurso pelágico es público, debe beneficiar a la mayor parte de la sociedad y regular su utilización es esencial para brindar bienestar a la flota pesquera, a los ecosistemas marinos y al sector turístico del país”, concluyó Jiménez.