Arizona solicitó a una corte federal anule estas decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya que, asegura, viola la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).
"Es el pináculo de la hipocresía para la Administración (del presidente Joe) Biden afirmar que quieren proteger nuestro medioambiente, sin hacer cumplir las leyes federales que están diseñadas específicamente para este propósito", dijo Brnovich en un comunicado de prensa.
El fiscal argumenta que DHS no proporcionó declaraciones del impacto ambiental cuando se detuvo abruptamente la construcción del muro fronterizo, proyecto estrella del expresidente Donald Trump, republicano al igual que él.
Y también por permitir la entrada de migrantes al país al poner fin al programa de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), también conocido como "Permanecer en México".
En el marco de esa política de Trump, cerca de 70,000 solicitantes de asilo fueron devueltos a México desde 2019 una vez llegaron a la frontera de los EE.UU., pero Biden la canceló y comenzó a permitir que unos 25,000 empezaran a ingresar a EE.UU. a la espera de que se resolviera su pedido de asilo en el país.
Arizona argumenta que estas decisiones aumentan el flujo migratorio y por lo tanto aumenta la población, indicando en la demanda que "el crecimiento de la población tiene impactos ambientales significativos".
En una de sus primeras acciones oficiales el pasado 20 de enero, el presidente ordenó detener temporalmente la construcción del muro fronterizo con México.
Esto, de acuerdo a Brnovich, ha dejado brechas no planificadas entre los segmentos del muro fronterizo, alentando así la migración ilegal.
Como consecuencia directa a estas "brechas" en la infraestructura, los migrantes han estado cruzando hacia Arizona en mayor número.
La Fiscalía de Arizona resaltó que fuentes indican que aproximadamente 1,000 personas evaden a diario a las autoridades migratorias e ingresan a los Estados Unidos debido a estas brechas existentes en el muro fronterizo.
"Inevitablemente, muchos de estos migrantes se establecen en Arizona, aumentando la población del estado. A pesar de estos previsibles resultados, DHS en ningún momento realizó ningún análisis de impactos ambientales", dijo Brnovich.
Arizona argumenta que desde que en febrero pasado Biden ordenó al DHS terminar con MPP se ha permitido la entrada de miles de migrantes, los cuales, asegura, permanecerán en el país aun si sus pedidos de asilo son rechazados.
Arizona considera que la presente administración no ha tomado en cuenta las necesidades de vivienda, infraestructura, hospitales y escuelas de estos migrantes y el impacto que tendrá al medio ambiente.
El estado pidió por ello a la corte suspender estas medidas hasta que DHS cumpla con este análisis ambiental.
