El PP de Extremadura registró hoy en el Parlamento de esa región (oeste) una propuesta que solicita "no avanzar" en la tramitación de la futura ley, debatir la reforma con otras fuerzas políticas y alcanzar una regulación "mucho más consensuada".
La reforma que aprobó el Ejecutivo español en diciembre y que tiene ahora que tramitarse en el Parlamento pretende tipificar el aborto como delito, acabando con la ley de plazos que está en vigor en el país desde 2010, y despenalizarlo solo en dos supuestos: violación y riesgo para la salud física o psíquica de la mujer.
Deja fuera las malformaciones fetales, algo que la hace incluso más restrictiva que la ley del aborto de 1985, la primera que tuvo España. Y fija un camino que se antoja tortuoso para la mujer que decida abortar, que entre otras cosas tendrá que someterse a un periodo de reflexión y buscar el dictamen de dos médicos distintos que certifiquen que su salud física o psíquica peligra si no aborta.
De salir adelante convertirá a España en el único país de la Unión Europea (UE) en el que se legisla para restringir el aborto en vez de para flexibilizarlo.
La idea del PP de Extremadura es trasladar su texto al gobierno de Rajoy cuando lo apruebe el Parlamento de la región, donde gobierna la formación conservadora con apoyo parlamentario de Izquierda Unida (IU).
El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ya mostró de hecho públicamente su oposición a la reforma de forma clara y contundente en su discurso televisado de fin de año.
"Nadie puede negar a una mujer su derecho a ser madre, ni tampoco nadie puede obligarle a serlo", señala como premisa a su reivindicación el texto del PP extremeño, que parafrasea al propio Monago en esa alocución.
La reforma de la ley del aborto, sostiene, debe recoger una "combinación racional de los plazos con la regulación específica de determinados supuestos", entre ellos malformaciones, embarazos de menores de edad o violaciones.
La reforma del aborto que redactó el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón no solo suscita rechazo social, según muestran las encuestas. También ha abierto -y lo confirma el paso dado por el PP extremeño- una división en un partido que en el espectro ideológico abarca desde el centro hasta la extrema derecha.
Son ya varias -y algunas de importante peso político- las voces que dentro de la formación han pedido repensar la reforma.
Elena Valenciano, número dos del Partido Socialista (PSOE), el principal de la oposición, hablaba hoy de "la primera fractura en el PP con un proyecto ideológico" y, durante un encuentro con corresponsales de medios extranjeros, señalaba que hay diputadas del partido de Rajoy que en privado le han trasladado su oposición a la ley que persigue el gobierno.
Rajoy "ha querido dar un paso adelante pensando que iba a obtener votos y lo que ha conseguido es una ruptura en su propio partido", consideró por su parte el diputado de Izquierda Unida José Luis Centella.
Según la socialista Valenciano, esta reforma es una maniobra del gobierno para, antes de las elecciones europeas de mayo, contentar a su electorado más conservador, alejado por incumplimientos del programa electoral o por la actitud del gobierno ante temas relacionados con ETA y con el desafío soberanista en Cataluña.
Poco a poco, a lo largo de las últimas semanas, el discurso oficial del PP ha ido cambiando desde el rechazo frontal inicial del ministro Gallardón a modificar nada de lo aprobado por el Ejecutivo a un discurso en el que se asume directamente que se llevarán a cabo cambios durante la tramitación en el Parlamento, donde el PP cuenta con una holgada mayoría absoluta.
"No hay que tener miedo al debate público y a escuchar a los demás para mejorar un texto y que reúna más consenso", decía hoy en una entrevista radiofónica el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso.
El aspecto más polémico dentro del PP es quizá el hecho de que las malformaciones fetales queden fuera de los supuestos despenalizados. Pero también hay críticas a otros aspectos.
Algunas voces, como la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, figura emergente en el PP en los últimos tiempos, han admitido públicamente que prefieren, aunque con algún cambio, la ley de plazos que hay en vigor y que impulsó el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
