"Consideramos que este contrato-ley es lesivo para nuestro país porque estipula que el 98 % de todas las riquezas se vayan de Panamá", dijo el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, el opositor Nelson Jackson.
El diputado del liberal Cambio Democrático (CD) afirmó que las comunidades aledañas al proyecto no se van a beneficiar del proyecto, pese a vivir en "extrema pobreza", e indicó que la iniciativa legislativa tendrá que ser discutida a partir del próximo 1 de julio cuando comience la nueva legislatura.
El actual Parlamento, de 71 diputados y de mayoría opositora, se encuentra en sesiones extraordinarias tras las elecciones generales en el país de hace cuatro semanas.
"Es inadmisible que 49 años después que se creó el decreto 267 en el cual se establecía que el mínimo de las regalías en beneficio del Estado era del 6 %, el contrato-ley actual establece sólo el 2 %", agregó el diputado.
La iniciativa legislativa, que tiene que aprobarse en tres debates para convertirse en ley, fue presentada el pasado 2 de abril por el Ministerio de Comercio e Industrias que busca ratificar el contrato de concesión del proyecto Cobre Panamá luego de que el Supremo lo pusiera en entredicho.
Con un costo de construcción de 6,300 millones de dólares, la mina Cobre Panamá es el proyecto de inversión privada más importante de la historia del país y se ubica en el área de Donoso, a 200 kilómetros al noroeste de Ciudad de Panamá, en la provincia de Colón.
La mina a cielo abierto, una de las más grandes de Latinoamérica, tiene previsto enviar su primer cargamento de concentrado de cobre en junio y exportar a pleno rendimiento 320,000 toneladas métricas, lo que en el mercado internacional equivale a 2,000 millones de dólares, el triple de lo que Panamá exporta actualmente.
El proyecto, desarrollado por la canadiense First Quantum Minerals, ha empleado a más de 13,000 personas durante su construcción y se estima que su contribución al producto interior bruto (PIB) de Panamá sea del 3 % el año que viene.
El Supremo panameño declaró inconstitucional el año pasado la ley que en febrero de 1997 avaló una concesión en Donoso para la extracción de oro, cobre y otros minerales, que fue otorgada a Minera Petaquilla, también de origen canadiense.
El fallo se dio en respuesta a un recurso presentado en 2009 por el ecologista Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) al considerar que el proyecto era lesivo para el Estado y para los recursos naturales del país.
La concesión de Minera Petaquilla, cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá -de la que First Quantum posee un 90 %-, vencía en 2017, pero el actual Gobierno decidió prorrogarla 20 años más.
Tanto la propia First Quantum como la Administración panameña defienden que la sentencia no afecta a la mina porque lo que se declara inconstitucional es la ley que se aprobó para dar seguridad jurídica al acuerdo y no la concesión en sí misma.