En un comunicado conjunto, el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y el Departamento de Estado de EE.UU. consideraron que este es un acuerdo que todos los miembros del Parlamento georgiano "pueden firmar de buena fe, en vez de una acción unilateral que mine el objetivo de un acuerdo de bases amplias".
"Las reformas institucionales en el acuerdo representan un importante progreso para el desarrollo democrático de Georgia e importantes beneficios para sus ciudadanos, ayudando a crear un sistema judicial más independiente, procesos electorales más fuertes y un Parlamento que pueda reflejar mejor las voces de todo el pueblo georgiano", indicaron.
"Aceptar este compromiso demuestra valor y un compromiso de todas las partes de poner en primer lugar las necesidades del pueblo de Georgia, por delante de los intereses de un partido político", añadieron, sin precisar los términos del acuerdo.
La llamada de Bruselas y Washington llega después de que ayer, sábado, el partido gobernante Sueño Georgiano decidió firmar el acuerdo que había propuesto el pasado 30 de marzo el enviado especial del presidente del Consejo Europeo para la mediación, Christian Danielsson, según informan medios locales.
Ese día la segunda ronda de negociación entre ambas partes terminó sin acuerdo y tanto Gobierno como oposición rechazaron firmar la solución propuesta por la UE tras abordar en la negociación temas como una reforma electoral y judicial en el país, según explicó entonces Danielsson.
El líder del Sueño Georgiano, Irakli Kobijadze, indicó que durante esas negociaciones no se abordó la posibilidad de celebrar elecciones parlamentarias anticipadas en el país, algo que reclama la oposición.
La crisis política en Georgia se desató tras las elecciones parlamentarias de octubre, calificadas de fraudulentas por la oposición y en las que el Sueño Georgiano obtuvo 90 de los 150 escaños que conforman el Parlamento.
De los 60 diputados elegidos por las formaciones opositoras, solo seis se han incorporado a las tareas del Legislativo, mientras que los 54 restantes participan en el boicot.
La crisis georgiana se agudizó a raíz de la reciente detención del líder opositor, Nikanor Melia, acusado de organizar hace dos años graves disturbios en la capital del país, tras lo cual la oposición anunció protestas indefinidas ante el Parlamento.