La operación, coordinada desde Esmirna, se lanzó de forma simultánea en 60 provincias y en el territorio del norte de Chipre bajo control de Ankara, donde hay una fuerte presencia del Ejército turco.
De los 238 sospechosos -entre ellos seis coroneles, tres tenientes coronel, nueve comandantes, once capitanes, 29 tenientes y 180 oficiales de rango menor-, todos salvo veinte están en servicio activo.
La gran mayoría pertenecen al Ejército, pero también hay 40 oficiales de las Fuerzas aéreas y 65 de la Gendarmería, un cuerpo policial dependiente de las Fuerzas Armadas.
La cofradía de Gülen fue durante más de una década un estrecho aliado del Gobierno islamista dirigido por el actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, y mantenía una discreta pero poderosa presencia en la Administración, la Policía y la Judicatura.
La lucha de poder iniciada en 2013 desembocó en el fallido golpe de Estado de julio de 2016, aunque los militares que lo dirigieron nunca han admitido públicamente su adhesión a Gülen.
Tras la asonada, el Gobierno turco lanzó amplias purgas en el sector público, despidiendo a más de 130,000 empleados, deteniendo a unas 280,000 personas e investigando a medio millón.
Unas 95,000 personas, la inmensa mayoría civiles, pasaron a prisión preventiva y unas 26,000 todavía se hallan entre rejas, bien condenados, bien en espera de juicio, según cifras del Ministerio del Interior turco de julio pasado.