Keller sostuvo que Texas está justificada en esta demanda, porque dichas acciones amenazan con imponerle una carga financiera.
Reiteró que las acciones ejecutivas para dar alivio contra la deportación a millones de inmigrantes indocumentado impondrían a Texas el costo de emitir licencias de conducir a quienes califican para cualquiera de los planes de acción diferida de Obama.
Keller mencionó que el presidente necesita primero tener la autoridad legal del Congreso, para poder luego diferir deportaciones.
La Suprema Corte escuchó este lunes los argumentos orales a favor y en contra de las acciones ejecutivas en inmigración, emitidas por el presidente Obama en noviembre de 2014, para dar alivo contra la deportación a más de cuatro millones de inmigrantes indocumentados.
Texas encabeza una coalición de 26 estados que interpusieron una demanda para detener la entrada en vigor de dichas medidas.
Las medidas que están en suspenso son el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y su versión para adultos DAPA. Mediante el primero podrían beneficiarse unos 300 mil jóvenes indocumentados que llegaron siendo niños –en adición a unos 700 mil que ya recibieron suspensión de deportaciones y permisos de trabajo.
Por su parte, el DAPA beneficiaría a más de cuatro millones de padres indocumentados, la mayoría mexicanos, cuyos hijos son ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes.
"Nuestra demanda para detener la política de inmigración ilegal del presidente Obama se basa en un concepto tan antiguo como la fundación de la nación: que una persona no puede cambiar unilateralmente la ley", dijo el procurador General de Texas, Ken Paxton, en un comunicado emitido tras concluir la exposición de Keller ante la Suprema Corte.
“Si este flagrante poder tomado por Obama no es controlado, nada impediría que un futuro presidente emitiera una orden ejecutiva para la disolución de los derechos de los propietarios de armas en violación de la Segunda Enmienda, o para anular las libertades religiosas garantizados por la Primera Enmienda, o la supresión de cualquier otro derecho”, indicó.
Paxton afirmó que Texas y el resto de las entidades que apoyan la demanda están “buscando impedir que el presidente Obama declare que el comportamiento ilegal es legal y anule la voluntad del pueblo como esta conferido en la Constitución”.
"Lo que está en juego en este caso es mucho más que la política de inmigración o las disputas de este presidente con el Congreso”, comentó por su lado Curt Levey, director de la Fundación FreedomWorks, una organización conservadora de activismo político asociada con el movimiento del Partido del Te.
La decisión de la corte -indicó- “determinará la vitalidad de la separación constitucional de poderes, impactará a futuras presidencias por las generaciones que vienen y tendrá implicaciones más allá de las órdenes ejecutivas, como los crecientes y controversiales poderes de un estado regulador”, anotó.
La argumentación a favor de las acciones del presidente estuvo a cargo del representante legal de Estados Unidos ante la Corte Suprema, Donald Verrilli Jr. y Thomas Sáenz, presidente y consejero general del Fondo Americano para la Defensa Legal y la Educación del México Americano (Maldef).
Verrilli “dejó en claro que las acciones del presidente están en un terreno jurídico sólido y dentro de los parámetros de la autoridad del presidente para establecer las prioridades de sentido común en la ejecución de las leyes de inmigración", dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración.
Se estima que la Corte Suprema emitirá una decisión sobre el caso hasta finales de junio próximo.
