A finales de octubre de 2020, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema ordenó el cierre del proceso penal por decisión de dos magistrados suplentes.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso para revocar la decisión y recusó a los jueces José Argueta y Juan Bolaños para que no conozcan la petición.
La recusación fue presentada ante la referida sala, que debe enviarla al pleno de la CSJ para que decida si es procedente o no y designe a otros magistrados para conocer el recurso de revocatoria.
De acuerdo con el acta de la sesión del 5 de enero pasado, el pleno de la Corte Suprema de Justicia no ha recibido la recusación.
Los magistrados conocieron en esta sesión un pronunciamiento enviado por el procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, en el que se hacia referencia a dicha recusación.
La magistrada Elsy Dueñas, según consigna el acta, señaló "que a la fecha no se ha recibido la recusación relacionada" y la jueza Dafne Sánchez de Muñoz indicó que deberá "averiguarse" la situación del recurso, "para que la Sala de lo Penal remita esta recusación al pleno".
Efe revisó las actas de las sesiones del pleno de la CSJ entre el 7 y 14 de enero y en estas no se abordó nuevamente el tema. Además, en la agenda de la sesión del 19 de enero tampoco aparece.
La jesuita Universidad Centroamericana (UCA) denunció penalmente a los magistrados Argueta y Bolaños a mediados de diciembre pasado por el delito de prevaricación.
De acuerdo con la UCA, "los magistrados habrían incurrido en tal delito" porque en su fallo "omitieron cualquier referencia" a una sentencia de la Sala de lo Constitucional del Supremo que declaró esta y otras masacres como crímenes de lesa humanidad, por lo que no prescriben, al anular una ley de amnistía de 1993.
"Esta denuncia es la primera acción legal que se emprende con el propósito de que se corrijan los retrocesos observados en la implementación de la justicia transicional en El Salvador. El próximo año (2021) se emprenderán otras acciones más, a nivel nacional e internacional", concluyó la UCA en un comunicado.
La Fiscalía, de dar su visto bueno a la denuncia, debe solicitar a la Asamblea Legislativa que retiré a los referidos magistrados su inmunidad constitucional.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989 un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.
Los señalados son el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes, Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, este último condenado en 2020 a 133 años de prisión por la Audiencia Nacional de España.
