Este documento actualiza la Declaración de Salta de 2018 y fue ratificado por los integrantes de la SIP en la ciudad argentina de Córdoba después de tres días de debate.
En un comunicado, la SIP afirma que los temas clave del nuevo documento son “la inteligencia artificial; la opacidad de los algoritmos, que puede fomentar la polarización y la difusión de desinformación; las disrupciones comerciales generadas por las grandes empresas tecnológicas, que concentran el mercado de la publicidad, y el derecho de propiedad intelectual, cuyo respeto es fundamental para la viabilidad económica del periodismo”.
Otro aspecto es la necesidad de “proteger los derechos de autor y la compensación justa para los medios de comunicación y periodistas por el uso de sus contenidos en plataformas digitales y motores de IA”.
Este asunto fue debatido durante la Asamblea de la SIP tras solicitarlo distintos responsables de medios latinoamericanos debido a que, según este club de prensa, “las grandes empresas tecnológicas generan beneficios directos e indirectos utilizando estos contenidos”.
El documento hace énfasis en que “los intermediarios tecnológicos, incluidos los desarrolladores de sistemas de IA, respeten los derechos de propiedad intelectual y adopten medidas para evitar prácticas que afecten la libre competencia y la diversidad informativa”.
Durante los debates en la Asamblea, la SIP marcó una diferencia entre las grandes empresas tecnológicas y su actitud frente a los medios de comunicación en términos de diálogo y colaboración, así como respecto de los esfuerzos realizados para combatir la desinformación.
En este sentido, la SIP dejó claro que “aquellos actores tecnológicos que desconocen o eluden los marcos regulatorios atentan contra el derecho a la información y la libertad de prensa”.
La Declaración de Salta II también reclama a los Estados ser responsables y proteger a los periodistas frente a la violencia digital, el acoso y la ciber vigilancia.
Insta así a los gobiernos “a garantizar un ambiente libre de violencia y ataques cibernéticos contra quienes ejercen la función de informar, así como a investigar y sancionar rápidamente cualquier agresión”.
La 80 Asamblea Anual de la SIP concluyó en Argentina sin la presencia de ningún miembro del Gobierno de Javier Milei, al que en repetidas ocasiones se le mencionó como una amenaza a la libertad de expresión por su actitud intimidatoria y acosadora contra los periodistas.