" No puedo dar explicaciones sobre la manera en que organicé mi gabinete o sobre tal o cual acto ligado a mis funciones de presidente. No tengo ese derecho y tengo intención de aplicar la Constitución", señaló Sarkozy, subrayando que se limitaba a cumplir la ley.
El Tribunal Correccional de París dirime desde el pasado 18 de octubre y hasta el 12 de noviembre la atribución sin licitación de centenares de sondeos que, según los acusados, respondían a la orden de Sarkozy de conocer permanentemente la opinión pública.
Esos estudios fueron pagados con dinero público aunque, en muchos casos, se referían a rivales electorales.
Al tratarse de presuntos delitos cometidos en el ejercicio de su mandato, Sarkozy, presidente entre 2007 y 2012, se había librado de declarar durante la fase de instrucción y también de sentarse en el banquillo.
Pero la justicia le convocó como testigo el pasado 19 de octubre alegando que "su testimonio era necesario para la manifestación de la verdad" y "susceptible" de tener una influencia a la hora de probar los hechos reprochados a los imputados.
La sala subrayó entonces que, en caso de negarse, Sarkozy sería llevado al tribunal por la fuerza.
"Respeto y siempre he respetado la institución judicial. Me enteré por la prensa del mandato para que testificara. En mi opinión esa decisión es totalmente inconstitucional y, sobre todo, desproporcionada", dijo este martes el expresidente, que insistió en que no pensaba dar explicaciones.
Sarkozy recalcó al negarse a entrar en detalles que no era una decisión personal sino "un deber", alegando que la inmunidad presidencial no tiene fecha de caducidad y por tanto no finaliza al término del mandato.
"Un presidente no puede renunciar a la inmunidad. Es la regla, y en un Estado de derecho las reglas están hechas para respetarlas", señaló en su declaración inicial, antes de optar por el silencio en algunas preguntas que se le plantearon o por respuestas que mantenían su negativa a explicarse.
El testimonio de Sarkozy causó en algunos momentos risas en la sala ante la sorna del expresidente.
Esta ha sido la primera vez que la justicia obliga a un antiguo jefe de Estado a declarar por hechos relacionados con sus funciones en la presidencia y tiene lugar como consecuencia de la convocatoria de la asociación contra la corrupción Anticor, que lo había citado como testigo.
Podría haber sido el tercer proceso de Sarzkoy, condenado ya a dos penas de cárcel, una por corrupción y otra por financiación ilegal de campaña electoral, ambas recurridas, pero es finalmente un juicio contra algunos de sus más estrechos colaboradores en su etapa en el Elíseo.
En el banquillo se han sentado cinco acusados, desde quien fuera su mano derecha en la presidencia, Claude Guéant, hasta su ideólogo de cabecera, Patrick Buisson, pasando por su jefa de gabinete, Emmanuelle Mignon, que firmó los contratos.
El sociólogo Pierre Giacometti, que se adjudicó más de la mitad de los sondeos pedidos durante el quinquenio, y Julien Vaulpré, encargado de contactar con los institutos demoscópicos en su calidad de consejero de "opinión", completan la lista de imputados.