La misiva promovida por los congresistas republicanos Duncan Hunter y Matt Salmon y suscrita por otros 35 republicanos de la Cámara de Representantes expresa la "preocupación" porque "el Departamento de Seguridad Nacional ha liberado a cientos de inmigrantes ilegales, en lugar de encontrar otros modos de ahorrar costes".
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que depende de este departamento, reconoció recientemente que ha tenido que revisar el número de inmigrantes detenidos para equilibrar el presupuesto, lo que ha llevado a cambiar el régimen de detención de varios cientos de personas a métodos de supervisión menos costosos.
En opinión del grupo de republicanos, la liberación de estos indocumentados que entrañan bajo riesgo de seguridad y no están acusados de crímenes "no tiene precedentes y es peligrosa", revela la "despreocupación" por hacer cumplir las leyes migratorias.
Los republicanos consideran "irresponsable" que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) libere a detenidos y muestran sus dudas sobre si han podido quedar el libertad inmigrantes con delitos, como un caso del que informó el New Yortk Times el pasado mes.
Los republicanos consideran que esta "incapacidad" hace "sugerir que la decisión o estuvo políticamente motivada para aumentar los objetivos de amnistía de la Administración" o es muestra "de la incompetencia" del ICE.
La carta pide que se ponga fin a las liberaciones por problemas de presupuestos vinculados a los recortes automáticos que se iniciaron en el Gobierno federal el uno de marzo, al tiempo que solicita el número exacto y localización de los liberados y planes de nuevos pasos en la misma dirección.
El ICE indicó en un comunicado a finales de febrero que pese a haber eludido el régimen de detención, esas personas siguen sujetas a procedimientos de expulsión del país y se mantendrá en reclusión a las personas detenidas en centros del ICE por delitos graves.
El Departamento de Seguridad Nacional deberá ahorrar unos 3,000 millones de dólares debido a los recortes automáticos del gasto público que entraron en vigor a principios de mes.