Morva, originario de Hungría de 35 años de edad, fue sentenciado a muerte en el 2008 por los asesinatos de un guardia de seguridad y un comisario adjunto. Durante su juicio, el jurado no fue informado de su condición psicosocial.
Un psiquiatra designado por el tribunal diagnosticó al prisionero con un trastorno delirante en 2014 y señaló que sus crímenes pudieron haber sido cometidos como resultado de los delirios que estaba experimentando.
"Estamos profundamente preocupados por la información que recibimos que indica que no hubo un juicio justo y se pudo haber violado la ley internacional", aseguraron el relator especial para las ejecuciones sumarias, Agnes Callamard, y sobre el derecho a la salud, Dainius Puras.
La condición de Morva es tal que éste ha dejado de comunicarse con su equipo legal, lo que dificulta gravemente su capacidad para defenderlo a medida que se acerca su ejecución.
Los relatores instaron a las autoridades a que anulen la sentencia de muerte y reexaminen el caso teniendo en cuenta las normas internacionales para un juicio justo.
