La propuesta denominada por el presidente Ley de Financiamiento, fue presentada al Congreso por su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, cuyo primer debate se iniciará este miércoles con una fuerte oposición de diferentes sectores políticos de izquierda, independientes e incluso algunos oficialistas.
La iniciativa busca que el gobierno de Duque (2018-2022) pueda tener recursos para resolver el déficit fiscal del orden de los 25 billones de pesos en el 2019, equivalente a 8.3 mil millones de dólares, de acuerdo con las cifras oficiales.
La Ley de Financiamiento tiene como objetivo reformular los gastos administrativos del Estado, cambiar el sistema tributario, luchar contra la evasión fiscal, que es multimillonaria y una reforma profunda a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El tema que más rechazo ha generado la Ley de Financiamiento, es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para todos los productos de la canasta familiar, y en particular los rubros que tienen que ver con la alimentación de los 45.5 millones de colombianos.
Para Duque la nueva Ley busca “bajar la tasa efectiva de tributación a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para que tengan mejores condiciones para generar empleos estables y a largo plazo”.
La iniciativa persigue, según el mandatario, “facilitar la deducción del IVA sobre las inversiones que se hacen en bienes de capital, para que podamos hacer reconversión tecnológica, transformación Industrial”.
El proyecto de Ley garantizará “un sistema tributario más simple, más efectivo, que beneficie el desarrollo empresarial, que no castigue la clase media, que permita corregir las inequidades y la falta de progresividad en algunos tributos para que tengamos el recaudo que nos permita a nosotros hacer de esta agenda la gran agenda de país”, enfatizó Duque.
Sin embargo, diferentes sectores políticos, sociales y gremios del sector privado, han cuestionado la Ley de Financiamiento, que afectaría de manera directa a la clase media y sectores agropecuarios.
Para la junta directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), es “inconveniente la iniciativa del gobierno de gravar con IVA del 18 por ciento los alimentos de los colombianos”.
“Encarecer el precio del huevo, arroz, pollo, carne de res, cerdo, pescado, papa, verduras, frutas, hortalizas, leche y sus derivados, panela, azúcar, café, chocolate y los aceites, entre otros, es un camino que afectará directa y sensiblemente el bolsillo de los consumidores de menores ingresos de nuestro país”, señaló la SAC.
El gremio hizo un llamado al gobierno de Duque y al Congreso para analizar con el “mayor detenimiento las implicaciones de esta iniciativa, así como el impacto que tendría dejar por fuera de la devolución del IVA a hogares que tienen serias restricciones en su ingreso y que dedican gran parte del mismo a financiar el consumo de los alimentos”.
La SAC y sus gremios afiliados reconocen “los retos que enfrenta el gobierno para financiar el presupuesto nacional, pero considera que el camino propuesto de incrementar el costo de la alimentación es inadecuado”.
Manifestaron su permanente disposición a “dialogar con el gobierno y el Congreso, de tal suerte que se encuentren alternativas que no vulneren la alimentación de los consumidores colombianos y que le permitan al gobierno encontrar las fuentes de financiamiento para el presupuesto nacional”.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), también rechazaron la reforma tributaria radicada en el Congreso por el gobierno del presidente Duque.
Calificaron la iniciativa de un “asalto al bolsillo de millones de colombianos siendo las principales víctimas la clase media y los pobres; extendiendo el IVA a la casi totalidad de productos de la canasta familiar: arroz, pan, plátano, papa, yuca, cebolla, zanahoria, banano, carne de res, de cerdo, pollo, huevo, harinas, café, papa, cereales, chocolates, tomate”.
Los dos gremios sindicales señalaron que el IVA se aplicará al 90 por ciento de “los productos que son consumidos diariamente por millones y millones de pobres se les aumentará el 18 por ciento de su valor hoy, así, el gobierno pone a funcionar la lógica de rebajarle a los ricos y cobrarle más a los pobres”.
Para la CUT y FECODE este proyecto de Ley tiene como finalidad resolver “principalmente que Colombia pague pronta y cumplidamente los intereses y amortizaciones de la deuda externa equivalentes a 52 billones (17.3 mil millones de dólares) de los 258 billones de pesos (86.0 mil millones de dólares) del presupuesto del año 2019”.
La Ley de financiamiento “le rebaja significativamente los impuestos a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, al reducirle su gravamen en los próximos cuatro años del 34 por ciento al 30 por ciento, lo que representa que al 2020 dejen de pagar 11,88 billones (3.9 mil millones de dólares), exonerando de impuestos a las multinacionales y al gran capital financiero internacional”.
Plantearon que para reactivar la economía se requiere “mejorar la capacidad adquisitiva de la población con alzas generales de salario, con lo cual podrá adquirir mayores bienes y servicios, mejorando el consumo y por ende la producción”.
Por el lado de los partidos políticos con sus bancadas en el Congreso el rechazo es mayoritario si se tiene en cuanta que además de las colectivas de izquierda e independientes, se han sumado voces del partido Liberal, Conservador y hasta del oficialista Centro Democrática.
