Agregó que de ese total en Caracas se han registrado seis víctimas mortales e informó que tres agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) fueron arrestados en relación con las tres muertes que ocurrieron el 12 de febrero, cuando se iniciaron los hechos tras una protesta ante la Fiscalía General que derivó en violencia.
Ortega dijo que la Fiscalía tiene bastante adelantadas las investigaciones sobre las muertes a tiros de dos personas cerca de la sede del Ministerio Público, ya que el tercero cayó horas después en un municipio al este de Caracas.
"De los dos primeros ya tenemos mucha claridad de los hechos. Ese día, unos funcionarios del Sebin estaban portando armas en la manifestación y por ese motivo el Ministerio Público ordenó el arresto de tres agentes de ese grupo y se les acusa por uso indebido de armas de fuego", señaló en una rueda de prensa.
El presidente Nicolás Maduro admitió que ese día los agentes del Sebin debían estar acuartelados, pero que algunos incumplieron las órdenes de los superiores y se presentaron en la protesta.
Versiones de prensa acusan a uno de los agentes de haber disparado contra los manifestantes muy cerca de la zona donde murió Basil Da Costa, la primera víctima de las protestas.
Ortega afirmó que ante los hechos de los últimos 12 días se desató una campaña de descrédito contra la Fiscalía, con medios de prensa acusando a los fiscales de estar parcializados en sus investigaciones sobre las víctimas, los heridos y los detenidos.
Dijo que después de Caracas, en la región central del Carabobo se registraron tres muertos, mientras que en los estados de Sucre, Lara, Táchira y Mérida hubo uno en cada uno.
Agregó que los investigadores han actuado antes de la audiencia contra los imputados por manifestarse con violencia.
"Quien ejecuta una acción de esta naturaleza (protesta violenta) no tiene vocación de paz. El país repudia y rechaza este tipo de acciones y la campaña de descrédito está a nivel nacional e internacional", señaló.
Las protestas se han concentrado en los municipios del este de Caracas, donde las brigadas de la fuerza pública hacen constantes recorridos para desmontar las barricadas que ponen los manifestantes para obstaculizar el tránsito.
El gobierno sostiene que el movimiento de protesta busca desestabilizar al país y lograr con ello la salida del poder de Maduro.
La región de Táchira, en la frontera con Colombia, ha sido afectada severamente por las manifestaciones, desde que fue el origen de las protestas por la exigencia de estudiantes de mejoras en la seguridad pública.
El gobernador de Táchira, el dirigente oficialista José Vielma, expresó hoy su desacuerdo con la movilización militar ordenada desde Caracas y criticó como un "exceso" que se usaran aviones de guerra para con sus vuelos aterrorizar a la población.
"Me molesté mucho con el sobrevuelo de aviones militares en Táchira, fue un exceso inaceptable", dijo a los periodistas.
Asimismo, Vielma abogó por la liberación de los detenidos en las protestas, incluyendo al dirigente opositor Leopoldo López, quien fue acusado por Maduro de haber instigado y organizado la violencia y luego se entregó a las autoridades para responder a los cargos, y del ex jefe de policía Iván Simonivis, encausado por los hechos previos al intento golpista de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez.
"No estoy de acuerdo con mantener presos a Simonovis y Leopoldo López", señaló el gobernador, quien podría tener aspiraciones presidenciales.
Igualmente, admitió que hubo "excesos" en la represión de las protestas en Táchira, por lo que pidió el cambio de uno de los jefes militares.
"Yo pedí el cambio del jefe del REDI (Región de Defensa Integral) porque estoy en contra de la represión. Cualquier protesta estudiantil debe ser atendida, ellos tienen el derecho a protestar. Acepto mis errores y pido disculpas por ellos. No pongo mi cargo a la orden porque podría ocuparlo alguien que no quiera la paz", señaló. (DPA)